Las inversiones realizadas de manera sostenible y respetuosa con los derechos humanos pueden ser un catalizador para la innovación, la generación de crecimiento económico incluyente, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza en países en desarrollo. Pero para que esto sea una realidad, las compañías deben regirse por principios empresariales responsables y sostenibles salvaguardando los derechos de las comunidades ahí donde se implantan. Ya no es sólo la mejor opción para una inversión sostenible exitosa: las obligaciones derivadas de los nuevos marcos normativos a través de unos estados reguladores públicos y la mirada atenta de una ciudadanía global más consciente y activa dejan poco espacio para las malas prácticas.