Una campaña internacional de firmas pedirá al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que entregue a las familias y jóvenes del municipio de Curuguaty la propiedad pública de las tierras conocidas como Marinakue, hoy ocupadas por una empresa local dedicada a la producción de soja, como consecuencia de un proceso judicial irregular. Las campesinas y campesinos que reclaman la tierra iniciaron en 2004 el trámite administrativo previsto por el Estado paraguayo para otorgar propiedades públicas disponibles a familias rurales sin tierra.

La Constitución paraguaya de 1992 establece que las tierras de la reforma agraria deben ser entregadas a familias campesinas, sin embargo, el 2% de la población concentra el 85% de la tierra apta para agricultura y ganadería y cerca de 8 millones de hectáreas han sido asignadas a sus propietarios de manera irregular, lo que se denomina en el país como tierras malhabidas. Pero el caso de la finca Marinakue es diferente: el Estado paraguayo la recibió como donación en 1967 y desde entonces ha sido su legítimo propietario, como lo constatan la empresa donante, la amplia documentación disponible e incluso autoridades públicas, como el ex presidente nombrado por el Congreso, Federico Franco.

“A quienes no comprenden nuestra lucha les decimos que la tierra nos da la vida y nos alimenta, por eso la tierra es tan importante para nosotros y para todos”, explica Rodolfo Castro, presidente de la Comisión Campesina de Lucha por la Tierra de Curuguaty y uno de los jóvenes que pide al Gobierno paraguayo un lugar para cultivar y vivir. “Muchos jóvenes no tenemos tierra y eso nos obliga a irnos a las afueras de las grandes ciudades”.

“El presidente Cartes debe escuchar el clamor de justicia que llega desde Curuguaty y que ahora llegará desde muchos lugares del mundo”, afirma Concepción Oviedo, representante de la Articulación por Curuguaty. “En Paraguay y en toda América Latina, la lucha de las familias campesinas afectadas por la concentración de la tierra es una lucha por el derecho a una vida digna y a un futuro libre de pobreza y exclusión. No existe demanda más legítima y justa que esa”, agrega.

Esta campaña organizada por Oxfam Intermón, comunidades afectadas por el acaparamiento y la Articulación por Curuguaty –agrupación de 40 organizaciones y colectivos paraguayos- se desarrollará en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, España y otros países donde Oxfam y otros movimientos sociales tienen presencia. Organizaciones campesinas y líderes de distintos países, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, ya han hecho pública su adhesión a la iniciativa.

“Mi llamada es para la ciudadanía global comprometida con los derechos humanos; hagamos de Curuguaty una bandera por la justicia y la dignidad de los campesinos y campesinas de Paraguay, de América y del mundo entero”, dijo el Nobel. “Quienes garantizan la soberanía alimentaria no tienen tierra y si eso sigue así, la tierra no tendrá futuro. Usemos nuestra voluntad para cambiar sus vidas”, añadió.

A estas adhesiones se suma también el apoyo de la ciudadanía internacional. El pasado fin de semana en España, 1500 personas fueron las primeras en firmar la petición dirigida a Cartes. En Barcelona y Girona lo hicieron durante la multitudinaria Fira per la Terra y la carrera por equipos Trailwalker, donde algunos participantes corrieron los 100 km del desafío deportivo apoyando la demanda de los jóvenes de Curuguaty.

Para el director de Oxfam Intermón en Paraguay, Oscar López, “las tierras de Curuguaty son el futuro de sus jóvenes. Si las familias campesinas del país -conformadas en su mayoría por menores de 30 años- no acceden a la propiedad de la tierra, el proyecto de desarrollo social del Gobierno no será efectivo. El futuro de Paraguay pasa por la transparencia, la defensa de los bienes públicos y la creación de oportunidades para toda la población y especialmente para el campesinado, que produce los alimentos que consumimos”.

Las organizaciones que impulsan la campaña buscan abrir un diálogo transparente con el poder ejecutivo paraguayo que permita resolver cuanto antes la situación de jóvenes y familias de Curuguaty.

Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo y dedica a ese monocultivo el 92% de su tierra cultivable. Junto a Guatemala y Colombia, encabeza la lista de países con la distribución de tierra más desigual de América Latina, el continente que en las últimas décadas ha expulsado más población del campo hacia la ciudad y donde 4 de cada 10 jóvenes vive en la pobreza. Al igual que en Paraguay, esta expulsión está vinculada a la disputa por el control del agua y la tierra, recursos estratégicos para la producción mundial de alimentos y energía.  

El año pasado, Oxfam Intermón consiguió movilizar a más de 100.000 personas para resolver otro caso de acaparamiento de tierra en Guatemala, y se consiguió que el Gobierno de ese país iniciase una entrega de tierras a campesinos que habían sido expulsados de su territorio.

Más información:

http://tinyurl.com/ks5dxma

www.quepasaenparaguay.info

Notas para la edición: 

Sobre el caso Curuguaty 

El caso de acaparamiento de tierras en cuestión tiene lugar en el departamento de Canindeyú, al este de Paraguay (tocando a la frontera con Brasil), la zona de mayor producción de soja del país.  En el caso concreto del municipio de Curuguaty, la disputa por la finca estatal de Marinakue ha dejado a 140 familias sin tierra, de las cuales 105 están encabezadas por jóvenes menores de 30 años que, al quedarse sin tierra, pierden sus medios de vida, su lugar para vivir y cultivar y por tanto, su oportunidad de construir un futuro en su comunidad. Actualmente, la empresa que registró irregularmente las tierras a su nombre sigue reclamando la finca Marinakue como suya, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia recientemente se ha pronunciado en contra de sus acciones legales.  

Las familias y jóvenes que demandan las tierras de propiedad estatal fueron víctimas de un violento desalojo el 15 junio de 2012 en Marinakue, conocido como Masacre de Curuguaty, un incidente nunca esclarecido por la justicia y que resultó en la muerte de seis policías intervinientes y once campesinos. Dos días después, el presidente Fernando Lugo fue removido de su cargo por el Congreso.  

Defensores y organizaciones locales de derechos humanos han denunciado que el proceso judicial de investigación de la masacre tiene varias irregularidades, siendo la principal que ningún policía o fiscal fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que nueve campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el desalojo en las tierras públicas de Marinakue. Algunos campesinos han realizado huelgas de hambre extensas en reclamo de su libertad, de un juicio justo y de la entrega de las tierras públicas de Marinakue a las familias campesinas sin tierra. 

Siendo Marinakue una tierra pública, lo que corresponde es entregarla a familias campesinas sin tierra, tal y como lo establece la Constitución paraguaya aprobada en 1992 (Art. 114, 115 y 116). Si las fincas de Marinakue son entregadas a las familias víctimas de la masacre, los campesinos acusados -y que irán a juicio el 26 de junio- podrían quedar exentos del cargo de invasión de inmueble ajeno; desarmando así el argumento de la acusación presentada por la fiscalía.  

Sobre el acaparamiento de tierras 

Paraguay es uno de los países con el acceso más desigual a la tierra en todo el mundo. A las razones históricas que explican ese fenómeno, se suma la reciente expansión de la frontera agrícola debido al boom de la soja. Por ejemplo, en el 2005 el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo, mientras que el restante 76% de los productores sólo accedieron al 7% del total sembrado. 

En este contexto, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala apenas tienen acceso a tierra y por tanto a una fuente de ingresos. Como consecuencia, mucha población joven se ve obligada a abandonar el campo y emigrar a los anillos de miseria de la capital o a otros países. Según el censo agropecuario de 2008, la agricultura familiar solamente posee 1.900.000 hectáreas, aún cuando en el pasado el INDERT le asignó más de 3.800.000 hectáreas, sobre todo en la región oriental, donde se concentra hoy la producción de soja. Esto significa que en ese período han pasado a manos de grandes y medianos propietarios la mitad de las tierras que habían sido distribuidas a personas sujetas a la reforma agraria. 

Además, las ganancias millonarias del agronegocio paraguayo prácticamente no pagan impuestos. Por los 30 millones de hectáreas de tierra productiva agropecuaria apenas se recaudan 0,16 dólares por hectárea y año. La soja, además, aún no paga impuesto a las exportaciones.