La declaración oficial del senador Leahy, quien preside la Comisión de Justicia del Senado estadounidense, reconoce la reactivación del diálogo liderado por el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre el proceso de recuperación de la tierra denominada Marinakue, ubicada en Curuguaty, con las comunidades campesinas afectadas. "Es una noticia alentadora, y podría ser un punto de inflexión si resulta en una investigación minuciosa, justa e imparcial y el enjuiciamiento de los responsables, y en una resolución justa al conflicto", señala.

El senador es también presidente de la Subcomisión de Asignaciones para el Departamento de Estado y las Operaciones Extranjeras, que financia los programas de asistencia externa de EEUU como el Programa Umbral en Paraguay, para el fortalecimiento de capacidades y la transparencia del sector público, expansión de la economía y gestión sostenible de los recursos naturales. En otro momento de la declaración, Leahy afirmó que "pocas cosas ayudarían más a lograr estas metas, y mejorar la estabilidad social, que resolver lo que ocurrió en Marinakue y dar acceso a la tierra a los campesinos en Paraguay".

Sobre el violento desalojo ocurrido hace 2 años y 5 meses en las 2.000 hectáreas de tierra estatal, conocido como Masacre de Curuguaty, el senador Leahy señaló que "aparentemente, no ha habido ninguna investigación sobre la conducta de la policía, a pesar de la existencia de informes publicados sobre violaciones a los derechos humanos, pero todos los campesinos fueron imputados por crímenes". Agregó que el caso "ofrece al gobierno paraguayo una oportunidad importante para llevar a cabo una investigación minuciosa, justa e imparcial sobre los acontecimientos del 15 de junio de 2012, enjuiciar y castigar a los responsables de las muertes y lesiones de los campesinos y policías, y permitir que los campesinos de esa comunidad adquieran derechos legales sobre la tierra para que puedan cultivarla y así alimentar a sus familias".

No se trata de la primera muestra de preocupación internacional sobre el caso Curuguaty. En el último mes, el Presidente de la República recibió notas firmadas por legisladores y personalidades políticas de España y América Latina y el Caribe, pidiendo una solución urgente al emblemático caso de acaparamiento de tierras. El 13 de noviembre, Horacio Cartes recibió una nueva carta firmada por 11 congresistas de Estados Unidos. “Me complace oír que el gobierno de Paraguay está negociando para llegar a un acuerdo con los afectados de Marinakue. Espero que esta iniciativa hará justicia a las familias y las comunidades afectadas, y que resultará en la aceleración de la aplicación de las reformas necesarias para crear mayor equidad de acceso a la tierra y oportunidades”, declaró el congresista estadounidense Sam Farr, quien lideró la iniciativa luego de conocer la gravedad del caso.

Las acciones de incidencia y difusión a favor de las comunidades campesinas son impulsadas en Estados Unidos por la organización Oxfam América y el Committee on US-Latin American Relations (CUSLAR), con sede en la Cornell University de Ithaca, New York.

Documentos originales: http://j.mp/11Congresistas / http://j.mp/SenatorLeahy 

Artículo en inglés: http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2014/11/curuguaty-land-conflicts-paraguay/

Voceros/as para entrevistas desde EEUU:

• Congresista Sam Farr, al (202) 225-2861. Jefe de prensa: Adam Russel
• Senator Leahy, al (202) 224-4242. Jefe de prensa: David Carle  

En Paraguay:

• Oscar López, director de Oxfam en Paraguay. Móvil: 0972-227213

Para contactos de prensa: Carolina Thiede, Oficial de Comunicación de Oxfam en Paraguay. Móvil: +595 976 936671. Oficina: +595 21 602011. Email: lcthiede@oxfamintermon.org

Para mayor información:

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Donadas al Estado paraguayo en 1967, las tierras de Marinakue permanecen en poder de una empresa latifundista dedicada al cultivo de soja, que registró la propiedad a través de un proceso judicial fraudulento. El caso de acaparamiento de tierras en cuestión tiene lugar en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, la zona de mayor producción de soja del país y escenario frecuente de crímenes vinculados al narcotráfico y otros negocios ilegales.  Las familias y jóvenes que demandan las tierras de propiedad estatal desde hace más de 10 años fueron víctimas de un violento desalojo donde fallecieron 17 personas, seis de ellos policías intervinientes y once campesinos.

El cuestionado juicio oral y público a campesinos procesados por el caso Curuguaty, previsto para el 17 de noviembre, fue postergado por segunda vez para el 24 junio de 2015, debido a que no se realizaron las notificaciones correspondientes a las partes. Numerosos actores locales e internacionales han denunciado las irregularidades del proceso judicial de investigación de la masacre, siendo la principal que ningún policía o fiscal fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que 9 campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el trágico desalojo. El episodio forma parte de lo que organizaciones de derechos humanos denominan "plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino", con 115 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en Paraguay durante los últimos 25 años de gobiernos pos dictatoriales (1989-2013).

Recientemente, la campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” ‒impulsada por las comunidades afectadas, la Articulación Curuguaty y la ONG internacional Oxfam‒ presentó 37.574 firmas que exigen al presidente la entrega de la tierra pública de Marinakue a las familias y jóvenes del caso Curuguaty, quienes demandan legítimamente al Estado tierra para cultivar. Actualmente, la ciudadanía movilizada alrededor del grave caso de acaparamiento de tierras espera la respuesta del Gobierno contando los días que trascurren sin una solución integral para las familias campesinas afectadas.