El asesinato la semana pasada de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la defensa de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, es una muestra de que las empresas internacionales no deben continuar apoyando la construcción de la presa de Agua Zarca, contra la que la activista luchaba.

Oxfam (Oxfam Intermón en España) señala que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco de desarrollo holandés FMO, el Finnfund de Finlandia y el partenariado alemán Voith-Hydro (Siemens), constructores de la presa, deben retirarse del proyecto. A partir de ahora, su única implicación debe consistir en lograr justicia para Berta Cáceres y su familia, así como para las comunidades afectadas.

La presa proyectada está agravando el conflicto que afecta a las comunidades indígenas, quienes pueden perder su acceso al río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo Lenca y una importante fuente de agua y alimentos. Cáceres es la última activista por los derechos sobre la tierra asesinada tanto en Honduras como a nivel mundial "y debe ser la última", subraya la directora ejecutiva de Oxfam internacional, Winnie Byanyima.

Oxfam ha condenado el asesinato de Berta Cáceres. En el año 2013, Tomás García, también activista contra la presa de Agua Zarca, fue asimismo tiroteado. Oxfam y otras 300 organizaciones y entidades han lanzado la campaña Land Rights Now en la que demandan respeto y reconocimiento legal para los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, que se ven amenazados en todo el mundo. 

Berta Cáceres, que pertenece al pueblo Lenca, fue cofundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización aliada de muchas organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam. En el año 2015 recibió el premio Goldman Foundation Environmental por su campaña contra la presa de Agua Zarca.

En 2013, tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) –brazo crediticio para el sector privado del Banco Mundial– como la empresa china Sinohydro –el mayor constructor de presas del mundo– se retiraron del proyecto debido al conflicto entre las comunidades locales y la empresa constructora.

"La participación de los actuales inversores en este proyecto es incomprensible, pues solo agrava el conflicto por el que diversas personas ya han muerto o resultado heridas. Deben poner fin a sus planes y ayudar a solucionar el problema", demanda Byanyima.

Oxfam apunta a que la justificación de las empresas para continuar en el proyecto no se basa ni en la realidad local ni en el derecho internacional. Las comunidades locales no han dado su consentimiento al proyecto de forma libre ni fueron consultadas antes de su aprobación en 2010, tan solo han sido objeto de ataques y han perdido parte de sus tierras de cultivo. Las empresas han actuado de forma negligente desde el principio. 

“Agua Zarca constituye una letanía de errores, algo común en muchos proyectos que se están llevando a cabo en todo el mundo y que implican la adquisición de tierras a gran escala y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. Existen una serie de principios claros que los inversores deberían seguir, como obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de adquirir los terrenos", señala Byanyima.

Oxfam hace un llamamiento a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que investigue el asesinato de Cáceres y exija más transparencia en torno a la propiedad de DESA, dueña del proyecto de Agua Zarca. 

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