Las políticas migratorias de la Unión Europea han tenido un impacto devastador sobre las personas en movimiento, según denuncia Oxfam (Oxfam Intermón en España). La organización subraya además el fracaso del mecanismo de reubicación desde Italia y Grecia. Dos años después de que la UE fijara su política migratoria, la organización pide un enfoque nuevo que proteja a las personas y respete las normas internacionales en materia de derechos humanos.

“Claramente las instituciones europeas y sus miembros han preferido poner todos sus esfuerzos en frenar la llegada de migrantes y refugiados a Europa aunque esto implique dejar de lado los derechos de las personas y no fomentar mecanismos para gestionar el flujo migratorio de manera legal y seguro”, según Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón. 

Oxfam denuncia que las decisiones erradas de los líderes europeos en su intento de detener la migración irregular a toda costa han sacrificado la seguridad y la dignidad de las personas. 

Impacto devastador

Violaciones de derechos humanos en Grecia, Italia o los países balcánicos, separación de familias, aumento del riesgo durante el viaje o indefensión de los solicitantes de asilo son algunas de las consecuencias denunciadas en el más reciente informe de la organización, “Al otro lado de la fortaleza Europa”.

La organización examina las medidas tomadas por la UE o sus miembros durante estos dos años y denuncia su carácter cortoplacista. Una de ellas es el acuerdo UE-Turquía, que ha tenido entre otras consecuencias el hacinamiento de solicitantes de asilo en instalaciones de islas de Grecia, a menudo acompañado de restricción de movimientos, o la violación diaria de sus derechos legales y procedimentales. Además, el acuerdo con Turquía ha abierto la puerta a otros acuerdos bilaterales, como el suscrito entre Italia y Libia, país en el que, según un reciente informe de Oxfam y MEDU, miles de migrantes y refugiados han sufrido abusos y violaciones de derechos humanos incluyendo violencia sexual, secuestros y palizas, un riesgo mayor para mujeres, niñas y niños. 

Otras medidas criticadas por el informe son: condicionar la ayuda a acuerdos de control migratorio con terceros países, dificultar los movimientos en el interior de Europa para los refugiados y migrantes que han conseguido entrar en la UE o limitar las vías seguras y regulares de entrada, lo que incrementa el sufrimiento al forzar a las personas a transitar por rutas peligrosas. 

España también prima el cierre de fronteras

En el caso de España, según denuncia Oxfam Intermón, acaba de ser condenado por primera vez por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente, no ha llegado a más del 11% de la cuota comprometida de acogida de refugiados, y sigue sin modificar un sistema de asilo arcaico e inflexible. Además, está teniendo un fuerte liderazgo en el seno de la UE (junto a Alemania, Italia y Francia) para impulsar acuerdos con terceros países independientemente del historial de estos países en la garantía y protección de los derechos humanos. Como parte de esta nueva iniciativa, el gobierno ha anunciado una próxima reunión sobre terrorismo e inmigración ilegal. 

“Más allá de lo peligroso que resulta el título de la Cumbre que coloca en un mismo binomio la migración y el terrorismo”, explica San Pedro, “pone de relieve la visión reduccionista del gobierno sobre un fenómeno, la migración, multicausal y multidimensional que requiere un análisis mucho más amplio, y donde los derechos de las personas quedan relegados. Además, resulta sorprendente la opacidad de la administración sobre dicho evento del que aún no tenemos información a pocas semanas de su celebración.”

Siete medidas 

En el ámbito de la Unión Europea, Oxfam pide que de manera urgente la adopción de un enfoque nuevo y equilibrado que proteja a las personas y promueva los beneficios que aporta la migración, tanto para Europa como para los países de origen y para las personas desplazadas. Para ello, la organización propone siete medidas. La primera, garantizar que cualquier política migratoria respete, como mínimo, las normas internacionales y europeas en materia de derechos humanos. Además, entre otras, se solicita la aplicación de procedimientos de asilo justos y eficaces, o garantizar que los acuerdos con terceros países no reducen la responsabilidad de la UE o los estados miembros a la hora de acoger y proteger a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Comprometerse a ampliar las vías de entrada seguras y regulares o facilitar la reunificación familiar son otras de las medidas propuestas. “Los gobiernos europeos”, concluye San Pedro, “deben cambiar inmediatamente su enfoque para respetar los derechos humanos básicos”. 

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