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FAQS

10/09/2018

Carta abierta al Gobierno español sobre la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí

(c) Ameen Al-Ghaberi / Gabreeze

La familia de Ahmed junto con otras 4 familias tuvo que huir de sus hogares debido al reciente conflicto en Hodeida. Caminaron durante casi 10 horas en medio de una tormenta de arena, sin nada que comer.

(c) Ameen Al-Ghaberi / Gabreeze

El pasado 9 de agosto, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí llevó a cabo un ataque aéreo contra un vehículo escolar en un mercado en Dhahyan, una localidad del norte de Yemen, un presunto crimen de guerra[1] que causó la muerte a 51 personas, entre ellas más de 40 niños, y heridas a decenas de personas, al parecer con una bomba guiada de precisión Lockheed Martin, fabricada y suministrada por Estados Unidos. Lamentablemente no se trataba del último bombardeo. Desde finales de marzo de 2015 hasta finales de julio de 2018[2], la coalición saudí ha llevado a cabo más de 18.000 bombardeos con armas suministradas por diversos países, y ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en los que ha atacado a población civil, escuelas, hospitales, mezquitas, fábricas, mercados, bodas y funerales, entre otros objetivos no militares. Según el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU[3] que recomienda a la comunidad internacional "Abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto de Yemen”, todas las partes en el conflicto armado de Yemen han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional.

El coste humano del conflicto de Yemen en los más de tres años y medio que dura ya y que ha sido calificado por la ONU desde marzo de 2017 como la mayor catástrofe humanitaria actual, es brutal. Según Naciones Unidas, hasta finales de enero de 2018, en el conflicto de Yemen habían muerto al menos casi 6.000 civiles, más de 50.000 han resultado heridos y hay tres millones de personas desplazadas internas. De una población de 29,3 millones de personas, en abril de 2018 más de 22 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria (11,3 millones en una situación de extrema necesidad) para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo de Yemen por parte de la coalición saudí, que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario.

En un caso del 25 de agosto de 2017, documentado por Amnistía Internacional[4], una bomba guiada por láser tipo Paveway, fabricada por Raytheon, alcanzó unas viviendas civiles en la mayor ciudad de Yemen, Saná. Buthaina, una niña de cinco años, fue la única superviviente de su familia. En el ataque murieron sus padres y sus cinco hermanos y hermanas de entre dos y 10 años de edad. El 15 de agosto de 2016, otro misil guiado Paveway alcanzó un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en pleno funcionamiento, matando a 11 personas, entre ellas un miembro del personal de la organización, e hiriendo a otras 19. Este ataque privó a una población vulnerable de un servicio vital de atención a la salud, e hizo que MSF retirara personal de otros seis hospitales del norte de Yemen. En 2018, el Grupo de Expertos sobre el Yemen de la ONU[5] publicó un informe con indicios de la utilización de sistemas Paveway de fabricación británica y estadounidense en nueve ataques, que habían causado la muerte de 84 civiles y heridas a 77. De las víctimas mortales, 33 habían sido en un mismo incidente, en el que una bomba de alta potencia, provista de un dispositivo de guiado Paveway, alcanzó un motel en Arhab, el 23 de agosto de 2017. Y esto es sin duda sólo la punta del iceberg en mayor catástrofe humanitaria actual, según la ONU, en la que el mes de agosto se convirtió en el más sangriento del conflicto[6] en 2018.

En este contexto, España no puede continuar suministrando armas a la coalición saudí, pues corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional. La sociedad civil española ha sido muy clara a este respecto y por ello más de 100.000 personas han apoyado su demanda de suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí que puedan ser usadas en el conflicto de Yemen.

Tras el bombardeo del 9 de agosto, las ONG de la campaña Armas bajo Control:

  • Acogimos con satisfacción el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación[7] el 13 agosto de 2018, de acuerdo con el compromiso del Presidente del Gobierno, de la revisión de las condiciones de las ventas de material militar a todos los países de la zona, incluida la garantía del Gobierno del país de destino de que no serán utilizadas fuera del territorio de cada país. Consideramos que es revisión debe ser un primer paso para la suspensión de las ventas de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en Yemen.
  • Igualmente, nos congratulamos del anuncio[8] del Ministerio de Defensa del 16 de agosto de 2018 que aseguraba que “el actual Gobierno no ha realizado venta alguna de armamento que pudiera ser empleado contra población civil”. Valoramos muy positivamente la condena del Ministerio de Defensa “de los asesinatos perpetrados contra la población civil en Yemen” y acogemos con especial satisfacción su anuncio de que, “en la medida de su competencia”, revisaría “las posibles ventas que estén todavía en trámite y que pudieran implicar la utilización directa de este tipo de armamento contra población civil”.
  • El pasado lunes 3 de septiembre, el Ministerio de Defensa confirmó la noticia publicada por la Cadena SER[9] de que el Ministerio de Defensa ha paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí de un contrato firmado en el verano de 2015 entre el Ministerio de Defensa español y Arabia Saudí, una medida por la que felicitamos al Ministerio de Defensa y que acogimos con gran satisfacción porque está en consonancia con el cese de las exportaciones de armas recomendado por el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este tipo de bombas de precisión son precisamente del tipo de las que Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11] y organizaciones yemeníes de derechos humanos como Mwatana[12] han documentado indicios creíbles de que se han utilizado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen con bombas de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, en un contexto de absoluta impunidad[13]. Alentamos al Ministerio de Defensa a plantear la revocación de la autorización de este contrato de 2015 en la próxima reunión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el próximo 19 de septiembre e instamos a los otros ministerios pertinentes a plantear las revocaciones de autorizaciones similares que les competan.
  • En la reunión mantenido el pasado martes 4 de septiembre con la Secretaria de Estado de Comercio valoramos muy positivamente el anuncio de que se estaban revisando las exportaciones, así como las medidas anunciadas sobre la elaboración de un Protocolo de Verificación y Seguimiento de las armas exportadas y la introducción de una garantía reforzada en un nuevo Certificado de Uso Final en determinados casos sensibles como el de Arabia Saudí, para garantizar que las armas exportadas no se usen contra la población civil.
  • También acogimos con satisfacción el anuncio de la Secretaria de Estado de Comercio en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el viernes 7 de septiembre de que en la próxima reunión de la JIMDDU propondrá mejoras para el control de la exportación al conflicto de Yemen del material letal y municiones de todo tipo.

Teniendo en cuenta todo lo expresado consideramos especialmente urgente que la JIMDDU, en su próxima reunión del 19 de septiembre, adopte medidas significativas para que España se sume a la creciente lista de países que, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega o Finlandia[14], aplican ya desde hace meses medidas restrictivas y no autorizan ni exportan armas que se puedan usar en el conflicto de Yemen, como ha pedido la ONU recientemente.

Por último, deseamos mostrar nuestra preocupación ante las noticias de que el Gobierno podría replantearse algunas de estas medidas por el posible impacto que podrían tener sobre el contrato firmado en julio de este año entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. Se trata simplemente de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el comercio de armas español y las obligaciones derivadas del Tratado sobre Comercio de Armas ratificado por España en 2014, que prohíbe la exportación de armas cuando un Gobierno tiene conocimiento de que podrían ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.

Hasta el momento, Navantia no ha presentado ante la JIMDDU una solicitud de autorización de la licencia individual de exportación. En las circunstancias actuales y en vista de la información disponible en Yemen nos oponemos a una eventual autorización de esta operación por parte de la JIMDDU dado que existe un riesgo sustancial de que se podrían utilizar para imponer un bloqueo marítimo que viola el derecho internacional humanitario[15] que condena a la hambruna a Yemen o atacar a la población civil y cometer crímenes de guerra. El propio informe de agosto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia que “La coalición ha impuesto restricciones severas navales y aéreas, en distintos grados, desde marzo de 2015. Hay indicios racionales para creer que estas restricciones constituyen una violación de la norma de proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Esos actos, junto a la intención requerida, pueden equivaler a crímenes internacionales”. Consideramos que, en el momento en que se presente la solicitud de autorización de esa operación y a la luz de toda la información disponible, esta no debería autorizarse a menos que haya una exhaustiva evaluación de riesgo del uso ilegítimo de esos barcos de guerra por parte de Arabia Saudí y garantías específicas verificables que certifiquen claramente que no se podrían utilizar para cometer violaciones graves del derecho internacional. Si siguiese existiendo un riesgo sustancial de uso ilegítimo de las corbetas, la operación no debería autorizarse, de acuerdo con la normativa existente.

Somos conscientes de la dramática situación de desempleo en la que se encuentran determinadas zonas de España y queremos recordar que es responsabilidad del Gobierno español y de las demás autoridades autonómicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos. Por otro lado, nos sorprenden las noticias aparecidas en prensa sobre la negativa de la empresa Navantia a aceptar otros contratos ante una excesiva carga de trabajo[16].

Por todas estas razones, la campaña Armas bajo Control, formada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón insta al Gobierno español a revisar las autorizaciones pendientes y suspender de forma inmediata las transferencias de armas, municiones y otros equipos y tecnología militar, piezas y componentes militares y equipos de seguridad a Arabia Saudí hasta que se tomen medidas sustantivas para garantizar que ya no existe un riesgo sustancial de que se utilicen para violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El cese de estas transferencias debe incluir todas las exportaciones directas e indirectas a través de otros países, ventas o transferencias, incluidos el tránsito y transbordo de armas, municiones y otros equipos de seguridad y militares, así como la formación y otra asistencia militar y de seguridad, actividades de corretaje, financieras y logísticas que faciliten dichas transferencias. A tal efecto y de conformidad con la normativa en vigor, hacemos un llamamiento al Gobierno español para que:

  • deniegue las autorizaciones de transferencias de armas a Arabia Saudí mientras se siga teniendo información, de fuentes fiables y fidedignas, o mientras subsista un riesgo sustancial, a tenor de los datos disponibles, de que las armas se podrían usar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario o se podrían desviar para dicho uso; y
  • ponga fin de forma inmediata a los envíos de armas desde los puertos españoles revocando las licencias de exportación autorizadas cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser usadas en Yemen[17].

 

Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra. Querer enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral es obsceno. Solo la ceguera, el cortoplacismo y los intereses de aquellos que nos quieren obligar a elegir entre paro y muerte pueden sentirse satisfechos en los términos en los que se ha colocado el debate a día de hoy, en el que debe primar el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho internacional frente a cualquier otro argumento.

 

Esta carta está firmada por las siguientes organizaciones:

  • Amnistía Internacional España
  • Fundipau
  • Greenpeace España
  • Oxfam Intermón