Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto nacional de Estadística (INE) muestran avances relevantes en la reducción de la desigualdad en España. Los indicadores Gini y S80/S20 se sitúan claramente por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008, impulsados principalmente por un mayor crecimiento de las rentas más bajas, que aumentaron un 8,3% en el último año, por encima del resto de deciles de renta.
Estas mejoras reflejan el impacto positivo de medidas como la subida del Salario Mínimo, el refuerzo de las pensiones mínimas y las políticas de protección social, que están permitiendo a los hogares más vulnerables recuperar cierto poder adquisitivo.
Sin embargo, este avance no se está traduciendo en una reducción significativa de la pobreza ni de la exclusión social. La tasa de pobreza apenas descendió dos décimas, del 19,7% al 19,5%, y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión (AROPE) se redujo solo una décima, del 25,8% al 25,7% en un contexto en el que el PIB creció un 3,5%.
“Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social en Oxfam Intermón.
Esta cronificación se traduce en carencias materiales cada vez más extendidas en la vida cotidiana, que afectan no solo a los hogares en pobreza severa, sino a amplias capas de la población. La encuesta Vivir la desigualdad 2025 de Oxfam Intermón muestra cómo muchas familias se ven obligadas a ajustar de forma permanente su consumo básico, recurrir al endeudamiento o renunciar a derechos esenciales como la salud o la educación para poder llegar a fin de mes, evidenciando una vulnerabilidad que se ha convertido en estructural y que se expande progresivamente hacia las clases medias.
La situación de carencia material muestra luces y sombras. Aunque la carencia severa se redujo del 8% al 7,6%, cada vez más hogares sufren dificultades en al menos dos aspectos básicos, una realidad que ya afecta al 31,6% de la población y que se extiende progresivamente hacia las clases medias. Por ejemplo, una de cada tres personas en España no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, mientras que el 16 % se encuentra en situación de pobreza energética, no pudiendo mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Además, la carencia más habitual es la incapacidad para afrontar un gasto imprevisto, que ha ascendido seis décimas hasta afectar al 36,4 % de la población española.
La vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar. Mientras los indicadores mejoran ligeramente para el conjunto de la población, empeoran con claridad para quienes viven de alquiler a precio de mercado. La tasa de pobreza entre personas inquilinas subió del 31,8% al 32,6%, y el riesgo de exclusión aumentó más de un punto, hasta el 43,6%. En contraste, entre quienes acceden a alquiler social estas tasas sí se reducen.
El patrón confirma las conclusiones de la encuesta de la ONG, que identifica la vivienda como principal fuente de desigualdad en España y señala que casi la mitad de la población se ve ya directamente afectada por la crisis habitacional.
“La evidencia muestra que las políticas sociales funcionan y están logrando mejorar los indicadores de desigualdad, pero también que los salarios medios no avanzan al ritmo del coste de la vida y que la vivienda se está convirtiendo en el principal motor de precariedad”, señala García-Gil. “Delegar en el mercado el acceso a la vivienda está ampliando las brechas sociales y empujando a más hogares hacia la pobreza”.
Oxfam Intermón insiste en la necesidad de acompañar el crecimiento económico y del empleo con políticas públicas que avancen hacia la universalización del sistema de protección social. En ese sentido, es urgente que se apruebe el Real Decreto del Escudo Social en el Congreso, así como impulsar medidas ambiciosas para reducir la pobreza, como es la prestación universal a la infancia, medida que no solo mejoraría la situación de los más vulnerables, si no también aliviaría la presión que sufren las clases medias españolas en la actualidad.
“Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.