El colectivo de personas migrantes es uno de los más castigados por los efectos de la crisis de la Covid-19, según las recientes estimaciones de Oxfam Intermón, que demanda una regularización extraordinaria de las personas en situación irregular, así como garantías de acceso a trabajo digno y al ingreso mínimo vital para las personas migrantes en nuestro país.
En su informe Que lo esencial no sea invisible, publicado hoy, se proponen medidas para un sector que ya sufría desproporcionadamente la desigualdad antes de la crisis, pero cuya situación ha empeorado también de forma más acusada que la del resto de la población durante la pandemia.
Si en 2018 la tasa de desempleo entre las personas migrantes era seis puntos superior a la del resto de la población, en 2020, según estimaciones de Oxfam Intermón, esa tasa llegará al 27´7%, diez puntos por encima de la de la población española. La ONG recuerda que, según sus cálculos, la probabilidad de perder el empleo para la población migrante es de un 145% respecto a la de nacionalidad española, y que el impacto de la Covid-19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
“Muchas personas migrantes ocupan empleos de los considerados esenciales”, denuncia Eva Garzón, responsable de migraciones de Oxfam Intermón, “y han estado en primera línea en la respuesta a la pandemia. Han sido claves en los peores momentos y lo serán también en la recuperación, por su aportación a la seguridad social (muy por encima de su participación en beneficios sociales) y por su peso en sectores importantes en la economía como la construcción, la hostelería, la agricultura o el empleo de cuidados. Tenemos que recuperar la economía, pero también el derecho a un trabajo digno para todas estas personas”.
La aportación del colectivo de personas migrantes a la afiliación a la Seguridad Social (que representaba un 10% en 2017) es notablemente superior a su participación de beneficios sociales como las pensiones contributivas (apenas representan el 1,5% del total de beneficiarios) y no contributivas (el 4,5% del total).
Mustafá trabajó en Huelva durante la etapa más dura de la Covid-19. Su trabajo resultó esencial para que la cadena de distribución de alimentos funcionara. “Durante la pandemia éramos sobre todo los migrantes los que estábamos en el campo”, explica a Oxfam Intermón. “Durante el tiempo que estuve en Huelva dormía en una chabola, no puedo decir que fuera un trabajo, es lo que comes: todo lo que ganas lo gastas, trabajas para no morir. Tampoco es estable: quieren que trabajes, pero no te van a dar un contrato”.
Las personas migrantes están sobrerrepresentadas en sistemas especiales de la Seguridad Social, como el del hogar o el agrario. Las trabajadoras del hogar son el único colectivo sin derecho a la prestación por desempleo, y el 60% de ellas son mujeres migrantes.
Por eso “es urgente”, dice Garzón, “que el gobierno firme el Convenio 189 de la OIT para que se reconozcan los derechos laborales de las empleadas de hogar, así como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”.
En cuanto a la regularización, Oxfam Intermón pide al Gobierno un proceso de regularización administrativa que abra el acceso al permiso de trabajo y residencia por razones extraordinarias de las personas migrantes que viven en territorio español, usando un mecanismo previsto en el actual Reglamento de Extranjería.
La organización pide también una revisión de la Ley de Extranjería vigente para adaptarla a las necesidades de las personas migrantes y de la sociedad española. “No es razonable”, explica la experta en Migraciones, “ni para quienes llegan ni para quienes vivimos aquí, que una persona que ha entrado sin permiso de trabajo deba pasar tres años en la clandestinidad antes de poder regularizar su situación, sin derechos y sin aportar a la seguridad social. España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea y el colectivo migrante es uno de los más afectados”.
Entre otras medidas, Oxfam Intermón pide también que el decreto que regula el Ingreso Mínimo Vital debe de incluir también a colectivos vulnerables excluidos ahora, como las personas solicitantes de asilo y las familias migrantes con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
Este informe forma parte de una serie que está publicando Oxfam Intermón sobre distintos aspectos relacionados con los efectos de la pandemia (Pobreza y Desigualdad, Trabajadores Esenciales) para exigir una recuperación basada en políticas que reduzcan la desigualdad en España.
La ONG ha ampliado sus actividades en España durante la pandemia con un programa de emergencia en colaboración con 30 organizaciones, redes y colectivos, la mayoría de ellos formados por personas migrantes o que trabajan en la defensa de sus derechos, como el Colectivo de Trabajadores Africanos, la asociación Asisti o Jornaleras de Huelva en lucha. Esta actuación pretende apoyar a 10.000 personas para cubrir necesidades básicas: abastecimiento de agua, alimentos, medicinas, pago de recibos y alquileres o material escolar para paliar la brecha educativa.
