Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad denuncian que 2025 vaya a terminar sin la tramitación de esta herramienta de protección cuya aprobación, en un contexto marcado por el auge del odio, se ha tornado urgente. Así lo declaran con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), puesto que los discursos de odio a menudo están en el origen de casos de violencia y discriminación que violan los derechos humanos de personas de colectivos que ya se encuentran atravesados por vulnerabilidades previas.
Las organizaciones alertan de que, tras casi dos años de trabajo conjunto con las administraciones, el informe de conclusiones, que debía elaborarse una vez finalizadas las comparecencias, aún no se ha presentado ante la subcomisión para la lucha contra los discursos de odio. Así, insisten en que debe remitirse formalmente de manera urgente para que pueda iniciarse la negociación parlamentaria de la que emanará el Pacto. En este sentido, confían en que haya consenso y que el contenido respete las demandas de los colectivos.
El pasado septiembre, las organizaciones que conforman la Alianza por un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio mantuvieron reuniones con los diferentes grupos parlamentarios. En estos encuentros, trasladaron las líneas que consideran imprescindibles para blindar frente al odio a los grupos en situación de vulnerabilidad y se percibió buena voluntad política. Sin embargo, el Pleno del Congreso acaba de aprobar una prórroga de 6 meses para los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, encargada de la tramitación del Pacto, lo que, según alertan las entidades, puede ralentizar aún más su aprobación.
Las organizaciones de derechos humanos consideran intolerable el retraso que está sufriendo esta medida tan necesaria, ante un contexto en el que el auge de los discursos de odio, y de sus consecuencias sobre las personas de los colectivos en situación de vulnerabilidad, es más que evidente, deteriorando la cohesión social y la democracia de nuestro país. Así, exigen que se agilicen los trámites y que no se produzcan más demoras, ya que la ausencia de esta herramienta de protección deja a merced de la violencia a personas que ya enfrentan discriminaciones y desigualdades.
Ya en 2023, más de una decena de organizaciones sociales y los principales sindicatos suscribieron un Pacto Social para impulsar la aprobación de esta medida que presentaron a los partidos. Dos años después, consideran que la aprobación del Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables no puede retrasarse más.
¿Qué debe incluir el Pacto?
Además, las entidades recuerdan que solo aplaudirán un Pacto de Estado que incluya compromisos políticos firmes que sigan las líneas indispensables que trasladaron a los grupos parlamentarios en distintas reuniones al finalizar las comparecencias ante la subcomisión.
Esta herramienta debe incluir medidas que garanticen el compromiso de todos los agentes clave en el rechazo a los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad y el blindaje de los derechos humanos frente a cualquier estrategia que los ponga en cuestión. Asimismo, debe contar con un presupuesto específico y un conjunto de medidas concretas orientadas a prevenir, sancionar y revertir los efectos de los discursos de odio. También, con herramientas que permitan evaluar su efectividad y hacer un seguimiento de su cumplimiento por parte de todos los agentes responsables.
Así, las organizaciones advierten de que estarán vigilantes y seguirán presionando a los grupos parlamentarios para que esta iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo político y social, se convierta cuanto antes en una herramienta vinculante y efectiva que empiece a frenar el odio.
