Las organizaciones humanitarias internacionales que operan en el territorio palestino ocupado advierten que las recientes medidas de registro de Israel amenazan con detener sus operaciones en un momento en que la población civil se enfrenta a una necesidad humanitaria aguda y generalizada, a pesar del alto el fuego en Gaza.
El 30 de diciembre, 37 ONG internacionales recibieron la notificación oficial de que sus registros expirarían el 31 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha hay un período de 60 días tras el cual las ONG internacionales deberán cesar sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
Las ONG internacionales son esenciales para la respuesta humanitaria y trabajan en colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil palestina para brindar asistencia vital a gran escala. Las Naciones Unidas, los gobiernos donantes y otros actores han afirmado reiteradamente que las ONG son indispensables para las operaciones humanitarias y de desarrollo y han instado a Israel a dar marcha atrás en su decisión.
A pesar del alto el fuego, las necesidades humanitarias siguen siendo extremas. En Gaza, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día. Las tormentas invernales han desplazado a decenas de miles de personas, dejando a 1,3 millones con necesidad urgente de refugio.
Las ONG proporcionan más de la mitad de toda la asistencia alimentaria en Gaza, gestionan o apoyan el 60% de los hospitales de campaña, prestan el 42 % de todos los servicios de agua, saneamiento e higiene y todo el tratamiento a los niños con desnutrición aguda grave. Su retirada cerraría centros de salud, detendría la distribución de alimentos, colapsaría las canalizaciones de agua de los refugios y cercenaría los cuidados vitales. En Cisjordania, las continuas incursiones militares y la violencia de los colonos siguen impulsando el desplazamiento. Nuevas restricciones a las ONG reducirían drásticamente el alcance y la continuidad de la asistencia vital en ese territorio en un momento crítico.
Los esfuerzos recientes para evaluar el impacto de la cancelación del registro de las ONG internacionales mediante métricas fragmentarias no reflejan cómo se presta la asistencia humanitaria en la práctica. El acceso humanitario debe medirse en función de si la población civil recibe la asistencia adecuada, en el lugar y el momento adecuados.
Las ONG internacionales operan bajo estrictos marcos de cumplimiento exigidos por los donantes, que incluyen auditorías, controles contra la financiación del terrorismo y requisitos de diligencia debida que cumplen con los estándares internacionales. Más de 500 trabajadores y trabajadoras humanitarios han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023. Las ONG no pueden transferir datos personales sensibles a una parte en conflicto (una de las condiciones impuestas por Israel para conservar el registro), ya que esto violaría los principios humanitarios, el deber de diligencia y las obligaciones de protección de datos. Las narrativas falsas deslegitiman a las organizaciones humanitarias, ponen en peligro al personal y socavan la prestación de asistencia.
No se trata de una cuestión técnica ni administrativa, sino de una decisión política deliberada con consecuencias previsibles. Si se permite que caduquen los registros, el gobierno israelí obstruirá la asistencia humanitaria a gran escala. El acceso humanitario no es opcional, condicional ni político. Es una obligación legal en virtud del derecho internacional humanitario. Esta medida también sentaría un precedente peligroso al extender la autoridad israelí sobre las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, en contravención del marco jurídico internacionalmente reconocido que rige el territorio y del papel de la Autoridad Palestina.
Las ONG firmantes de este comunicado instan al Gobierno de Israel a que detenga de inmediato los procedimientos de cancelación del registro y levante las medidas que obstruyen la asistencia humanitaria. Instan así mismo a los gobiernos donantes a que utilicen todas las herramientas disponibles para lograr la suspensión y revocación de estas acciones. Es necesario proteger las operaciones humanitarias independientes y basadas en principios para garantizar que la población civil pueda recibir la asistencia que necesita con urgencia.
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