La ONG Oxfam Intermón considera el acuerdo de investidura alcanzado por PP y Vox en la comunidad de Extremadura como el eco de un movimiento global que pretende sembrar miedo y recortar derechos.
“El acuerdo”, dice Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón, “subraya con fluorescente algo que en los últimos años está ocurriendo a escala mundial: la voluntad política deliberada de convertir la dignidad humana en moneda de cambio, en una variable que se ajusta según el origen de las personas”.
La ONG denuncia que medidas como la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y vivienda, los recortes a organizaciones sociales o el rechazo a la acogida de menores migrantes no son medidas aisladas, sino que forman parte de una lógica política excluyente y xenófoba que convierte los derechos en condicionales.
“La prioridad nacional que deberían fijarse todas las administraciones públicas debe ser acabar con las desigualdades, con la pobreza, con la crisis de la vivienda o con la pobreza infantil, entre otros retos. Sin discriminación alguna y asegurando que ganamos como sociedad en su conjunto, sin dejar nadie atrás o fuera de esos avances. Eso sí es prioridad nacional”, afirma Cortada.
Oxfam Intermón, que trabaja en todo el estado junto a decenas de organizaciones sociales diversas, entre ellas asociaciones de personas migrantes, cree que el objetivo de este pacto no refleja intención de hacer una política de austeridad ni una gestión eficiente, sino de llevar a cabo una política de exclusión y discriminación. Para la organización, esa política tiene consecuencias reales sobre personas reales. “Niños y niñas sin protección, familias sin acceso a servicios básicos, organizaciones de la sociedad civil señaladas como enemigas del orden público por defender la paz y la justicia social”, señala Cortada. “Cuando los derechos dejan de ser universales, lo que se erosiona no es solo la política migratoria: es el propio principio de ciudadanía. Se introduce la idea de que el acceso a la protección puede jerarquizarse, que hay vidas que valen menos”.
Un acuerdo local, una deriva global
“Este pacto no es una anomalía local. Es un fragmento de un proceso político global que está reconfigurando las democracias desde dentro de sus propias instituciones. Las alusiones constantes a la "prioridad nacional", al "efecto llamada", la equiparación de ONG con mafias, la construcción del menor migrante como amenaza: ninguno de estos conceptos nació en Extremadura”, explica Franc Cortada. “Son exportaciones de un repertorio ideológico que opera de forma coordinada en distintos países y que encuentra en cada territorio su propio elenco para representar la adaptación local. Sembrar miedo para aumentar el rechazo y la polarización”.
La ONG denuncia también el recorte o eliminación de la financiación a las organizaciones que trabajan con personas vulnerables y considera que esa estrategia pretende dejar a esos colectivos sin intermediarios institucionales frente a un estado que las excluye. Oxfam Intermón recuerda además que hay aspectos del pacto que pretenden normalizar el incumplimiento de leyes supranacionales de protección. Es el caso de los mecanismos de acogida de los menores no acompañados. “Pretenden vaciar de contenido real las garantías internacionales sin necesidad de abolirlas formalmente”, dice Cortada.
En este contexto, Oxfam Intermón hace un llamamiento urgente a la responsabilidad política y al buen gobierno. “No existe posición intermedia entre respetar la dignidad de todas las personas y suscribir un programa que la condiciona a su origen. La ciudadanía merece un gobierno que entienda que la estabilidad democrática no se construye sobre la exclusión de las más vulnerables, sino sobre la garantía efectiva de sus derechos”.
“La dignidad no es una competencia autonómica. Es una condición inherente a la existencia de nuestras democracias. Y defenderla, también aquí, también ahora, es parte de nuestro mandato”, concluye Franc Cortada.
