La campaña se centra en las actividades comerciales actuales o recientes con los asentamientos ilegales: JCB (Reino Unido), Barclays Bank (Reino Unido), Siemens (Alemania), Carrefour (Francia), Maersk (Dinamarca), Tui (Alemania), eDreams Odigeo y Opodo (España)
Una alianza de más de 80 organizaciones de la sociedad civil pone en marcha hoy una nueva campaña para exigir a los países que prohíban el comercio con asentamientos israelíes ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados. La campaña se centra en las actividades de importantes empresas multinacionales e instituciones financieras que apoyan el proyecto de los asentamientos israelíes.
El nuevo informe "Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales" pone de relieve cómo los Estados y las empresas extranjeras contribuyen de forma directa a la crisis humanitaria provocada por la prolongada ocupación israelí a través de sus actividades comerciales continuadas con los asentamientos ilegales.
El informe se centra específicamente en las relaciones comerciales con los asentamientos debido a la continua y creciente opresión por parte de Israel sobre la población palestina en Cisjordania (incluido Jerusalén Oriental), que fragmenta su economía y socava la viabilidad de un futuro Estado palestino. Prohibir las actividades comerciales con los asentamientos es una medida necesaria para defender los derechos humanos, proteger los medios de vida de la población palestina, frenar la expansión de los asentamientos israelíes y poner fin a la ocupación ilegal.
Durante los últimos cuatro años, Israel ha incrementado significativamente sus actividades de asentamiento en Cisjordania, también en Jerusalén Oriental, lo que ha llevado a un aumento vertiginoso tanto de la construcción de asentamientos como de la apropiación de tierras. En 2023, el Gobierno israelí aprobó la construcción de 30 682 viviendas en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, lo que representa un incremento del 180 % en tan solo cinco años. En junio de 2024, el Gobierno israelí designó como "tierra del Estado" una superficie de 12,7 km2 en el Valle del Jordán. En mayo de 2025, el gabinete israelí decidió establecer 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. Estas autorizaciones superan récords previos y marcan un hito histórico en la expansión de asentamientos, alcanzando su nivel más alto desde los Acuerdos de Oslo (1993-1995). La mayoría de dichas autorizaciones se concedieron en relación con asentamientos situados en el interior de Cisjordania, fragmentando aún más el territorio palestino e imponiendo nuevas limitaciones a la circulación de la población palestina. La reactivación del plan “E1” —interrumpido en 2012 debido a la amplia oposición internacional—, por el cual se ha aprobado la construcción de 3400 nuevas viviendas en un corredor que conecta Jerusalén Oriental y el asentamiento de Ma’ale Adumim, interrumpiría definitivamente el movimiento de la población palestina entre el norte y el sur de Cisjordania.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 es clara: los Estados que permiten entablar relaciones económicas o comerciales con los asentamientos son cómplices en el mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y, por tanto, de la ocupación ilegal por parte de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados.
Las organizaciones que participan en la campaña señalan que cualquier tipo de actividad comercial con los asentamientos legitima su presencia en unos territorios ocupados de forma ilegal de acuerdo con el derecho internacional y constituyen un obstáculo para la paz La economía de Palestina pierde miles de millones de dólares al año como consecuencia del control israelí. En los últimos dos años, la pobreza ha aumentado de un 12 % a un 28 % en Cisjordania, registrándose una tasa de desempleo del 35 % (el doble desde octubre de 2023).
Israel fomenta activamente la inversión comercial en Cisjordania, incluido Jerusalén oriental, mediante incentivos como arrendamientos de tierras a bajo costo, subvenciones para mejoras tecnológicas y salarios, exenciones fiscales y préstamos de dinero en efectivo. Entre las empresas e instituciones financieras internacionales que han comerciado o continúan comerciando con asentamientos israelíes, inclusive mediante la provisión de servicios o inversiones, y, por tanto, contribuyendo a su mantenimiento y legitimización están:
Desde la campaña se contactó a las empresas señaladas antes del lanzamiento del informe. Desde que les enviaron sus menciones específicas en el informe, E-dreams y Maersk han anunciado cambios en sus políticas con respecto a su actividad comercial en los asentamientos ilegales israelíes. En el momento de la publicación del informe, Opodo ha retirado sus ofertas en los asentamientos. Estos cambios se han reflejado en el informe.
Actualmente cerca de 6500 mujeres palestinas trabajan en asentamientos ante la falta de oportunidades laborales, consecuencia de las políticas israelíes que han arruinado el mercado laboral local. En torno a un 65 % de ellas gana menos de 20 dólares al día, y la mayoría carece de contrato por escrito o de seguro médico, además de, a menudo, trabajar en condiciones insalubres o inseguras y durante largas jornadas.
El salario medio de una mujer palestina que trabaja en los asentamientos es significativamente inferior al salario mínimo israelí, pero por encima de lo que pueden ofrecer los empleos locales disponibles. Esto ilustra cómo las dificultades económicas impuestas por los asentamientos fuerzan a la población palestina a aceptar condiciones laborales de explotación.
La Unión Europea continúa siendo el principal socio comercial de Israel y representa aproximadamente el 32 % del total de sus relaciones comerciales, con un volumen comercial total de 42 000 millones de euros anuales. El Reino Unido es uno de los principales socios comerciales europeos, con casi seis mil millones de euros al año.
Las organizaciones que participan en esta campaña insisten en que los países, especialmente los Estados miembros de la UE y el Reino Unido, deben prohibir las actividades comerciales con los asentamientos israelíes, incluyendo las inversiones y la prestación de servicios. Los exportadores israelíes deben demostrar el origen de los bienes y ser sancionados en caso de proporcionar información falsa. Asimismo, se debe prohibir a bancos e instituciones financieras proporcionar créditos y subvenciones a empresas ubicadas en los asentamientos que financien proyectos en los mismos.
Notas para la edición:
Periodista - Departamento de Comunicación
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