20/10/2026. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste habitacional absorbe una parte cada vez más elevada de los ingresos. Así lo evidencia el nuevo informe de Oxfam Intermón, que revela que el coste de la vivienda empuja a 770.000 personas trabajadoras más por debajo del umbral de la pobreza en España, elevando el total a cerca de tres millones.
Bajo el título “Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral”, el informe calcula la situación de pobreza de las personas con empleo antes y después de hacer frente al alquiler, la hipoteca y otros pagos residenciales en el año 2024. Antes de descontarlos, el 11,48% de las personas trabajadoras se encuentra en situación de pobreza, alrededor de 2,2 millones. Una vez incorporado el coste de la vivienda, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo del umbral, hasta acercar la cifra total a los 3 millones. La tasa se eleva así hasta el 15,49%, más de 4 puntos porcentuales.
Los datos se conocen en un momento en el que la vivienda ocupa el centro de la conversación social y política en España. Las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias humanas de una crisis habitacional que va mucho más allá de perder una casa: también erosiona la capacidad de cientos de miles de hogares para sostener unas condiciones de vida dignas.
“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y de políticas sociales de Oxfam Intermón.
Cambio de rumbo
En este contexto, la aprobación de los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros abre la oportunidad a cambiar el rumbo de la política de vivienda en España y dar respuesta a una crisis que se ha convertido en una emergencia social.
“No resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma”, añade García-Gil. “Un cambio que anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles “.
El alquiler, la gran brecha
El impacto es especialmente intenso entre las personas que viven en alquiler a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, su tasa de pobreza laboral se sitúa ya en el 19,35%. Después de descontar el pago de la renta asciende a 34,08%, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales y un incremento del 76% en términos relativos.
El alquiler es hoy uno de los principales generadores de desigualdad económica: una de cada tres personas trabajadoras que arrienda a precio de mercado queda por debajo del umbral de la pobreza después de pagarlo.
La situación contrasta con la de quienes viven en una casa en propiedad. Después de afrontar los gastos residenciales, la tasa alcanza el 10,22% entre quienes todavía pagan una hipoteca y el 7,95% entre quienes tienen ya la tienen completamente pagada.
“Esta brecha ayuda a entender por qué el debate sobre vivienda ha desbordado el problema de acceso y se ha convertido en una cuestión central sobre desigualdad y condiciones de vida. Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él”, señala el portavoz.
Crece la economía, pero la pobreza laboral se estanca
La presión de los costes residenciales se superpone a un problema que España arrastra desde hace años. La tasa de pobreza laboral apenas ha variado entre 2022 y 2024: pasó del 11,64% al 11,48%, una reducción de apenas 0,16 puntos. En el mismo periodo, el PIB creció más de un 6%.
Esto confirma que el crecimiento sostenido de la economía no se traduce en una reducción significativa de la pobreza entre las personas que trabajan. La brecha entre crecimiento económico y bienestar es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).
Los datos muestran, además, importantes desigualdades dentro del mercado de trabajo. La pobreza laboral alcanza el 31,42% entre las personas trabajadoras de nacionalidad de países de fuera de la UE, frente al 8,71% entre quienes tienen nacionalidad española.
También afecta al 20,62% de quienes tienen un empleo a tiempo parcial, prácticamente el doble que entre quienes tienen jornada completa, y al 21,69 % de las personas autónomas (11 puntos más que entre asalariados y asalariadas) revelando que el autoempleo es también una fuente de precariedad.
La pobreza laboral se concentra además en sectores esenciales y caracterizados por salarios bajos y menor capacidad de negociación: afecta al 27,48% de quienes trabajan en empleo doméstico y cuidados, el 26,24% en agricultura y al 21,17% en hostelería.
La composición del hogar marca otra brecha. La pobreza laboral alcanza el 39,5% de los hogares formados por dos adultos y tres o más menores y el 29% en los monoparentales, ocho de cada diez encabezados por mujeres. Incluso con dos personas adultas trabajando o formando parte del hogar, la presencia de menores eleva significativamente el riesgo de pobreza.
“Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente. La parcialidad involuntaria o el autoempleo condenan a la precariedad a una de cada diez personas trabajadoras”, según Alejandro García-Gil.
“Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares –explica el portavoz de Oxfam Intermón-. En consecuencia, las políticas de empleo y vivienda tienen que pensarse conjuntamente, si queremos que trabajar vuelva a ser una garantía frente a la pobreza”.
La vivienda amplia las brechas autonómicas
Las diferencias entre comunidades autónomas son también significativas. Andalucía registra la tasa de pobreza laboral más elevada, con un 17,65%, seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Pero el mapa cambia cuando se incorpora el coste de la vivienda. Los datos muestran que el impacto no es homogéneo en todo el territorio: Madrid es la comunidad donde más aumenta la pobreza laboral tras descontar los gastos residenciales. Pasa del 7,29% al 12,73%, un incremento de 5,44 puntos porcentuales. Le sigue Cataluña, donde la tasa sube del 7,90% al 12,86%, casi 5 puntos, y Murcia, en donde aumenta del 15,37% al 20,23%.
El efecto es todavía más intenso entre quienes alquilan a precio de mercado. Más de la mitad de las personas trabajadoras inquilinas de Castilla y León quedan por debajo del umbral después de pagar el alquiler (del 29,65% al 50,68%) y cerca de la mitad en Castilla-La Mancha (del 22,53% al 48,69%). En el País Vasco pasa del 12,98% al 31,07%, una subida de más de 18 puntos.
Próxima legislatura: vivienda asequible y empleo digno
Ante la convocatoria electoral, Oxfam Intermón pide a las formaciones políticas que sitúen en el centro la lucha contra la desigualdad, con medidas que logren que el trabajo permita sostener unas condiciones de vidas dignas y actuaciones capaces de reducir el peso que la vivienda tiene sobre los ingresos de los hogares.
Para ello, la organización propone en materia de empleo blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional para que las personas trabajadoras con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Además, plantea aprobar definitivamente el Estatuto del Becario para proteger a los y las trabajadoras más jóvenes y desarrollar políticas activas de empleo para las personas en situación de paro de larga duración. Asimismo, considera necesario reforzar la negociación colectiva para que las clases medias recuperen capacidad adquisitiva ante la subida de precios.
En cuanto a vivienda digna, la organización pide a los grupos parlamentarios que escuchen el clamor de las movilizaciones por la vivienda y miren a Europa: es imprescindible para dar solución a la actual crisis que garantice la estabilidad del inquilinato con la aprobación de las renovaciones automáticas de los contratos de alquiler para que los hogares inquilinos no afronten desahucios invisibles cada cinco años.
No obstante, esta medida de protección en el corto plazo debe ir acompañada de otras de carácter estructural, como es la movilización y construcción de vivienda asequible y social para ampliar la oferta en España.
“La movilización social de estas semanas ha vuelto a recordar que la vivienda es una cuestión central para millones de personas. Las protestas expresan un malestar que las formaciones políticas no pueden ignorar: la dificultad creciente para cientos de miles de hogares de acceder a una casa, mantenerla y sostener unas condiciones dignas. La próxima legislatura debe situar en el centro la mejora material de la vida de la gente”, concluye García-Gil.
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