Dos años de la DANA: denunciamos la brecha que sufren los colectivos más vulnerabilizados para recuperarse tras una emergencia climática

Dos años después de la DANA que arrasó vidas, hogares, negocios y tierras de cultivo en más de un centenar de municipios valencianos, Oxfam Intermón subraya el impacto desproporcionado que sufrieron los colectivos en situación más frágil y pide que las medidas de adaptación frente a la crisis climática en nuestro país tengan en cuenta las desigualdades socioeconómicas.

El desastre impactó de forma especialmente grave a colectivos ya vulnerabilizados, como personas mayores en situación de dependencia, familias numerosas o monomarentales con bajos ingresos, trabajadoras del hogar y los cuidados, trabajadores agrícolas y personas migrantes en situación irregular. Algunas de esas víctimas se vieron triplemente impactadas: por los daños y pérdidas sufridos, por una “brecha de recuperación” al no cumplir los requisitos para acceder a las ayudas gubernamentales y porque muchas de esas personas ya vivían en la pobreza y la exclusión social antes de la llegada de la DANA.

Las ayudas excluían inicialmente a personas en situación administrativa irregular, al requerir el empadronamiento como condición para acceder a ellas. También quedaron fuera quienes no tenían contrato de trabajo o contrato de alquiler.

“Al igual que en cualquier otra catástrofe, la DANA no creó la pobreza, la precariedad o la discriminación, pero las profundizó”, explica Sofía del Valle, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón. “Frente a emergencias climáticas que van a ser cada vez más habituales en España y en el mundo, hay que diseñar planes de recuperación justa que garanticen que todas las personas, y especialmente aquellas con menos recursos y protección, puedan ver garantizados sus derechos, recuperar sus ingresos y reconstruir sus proyectos de vida”.

Oxfam Intermón, junto a 12 organizaciones locales, ha apoyado a más de 23.000 personas en 40 municipios y localidades, con transferencias de dinero para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación transporte o pago de trámites y tasas, apoyo económico para recuperación de explotaciones agrícolas, apoyo psicológico, ayuda para tramitar regularizaciones administrativas y ayudas públicas, entre otras actividades.

La organización denuncia que, dos años después, miles de esas personas afectadas especialmente por los impactos de la DANA aún siguen tratando de recuperarse y pide no olvidarlas. “Hay retos enormes en materia de acceso a vivienda digna, de acceso a empleo decente y de poder sostener sus vidas con una situación administrativa regularizada que puede pender de un hilo”, afirman.

“Para miles de personas, la emergencia no terminó cuando bajó el agua. Las necesidades evolucionaron con el tiempo”, explica la responsable de justicia climática de Oxfam Intermón. “Después de la alimentación, la vivienda y los suministros aparecieron demandas relacionadas con la regularización, el empleo, la salud mental, la formación, la conciliación y la recuperación de los ingresos. Mantener la intervención en todas esas fases nos permite saber lo difícil que ha sido para todas esas personas que partían de una situación de desigualdad y pobreza”.

Ante la evidencia de emergencias climáticas cada vez más frecuentes, Oxfam Intermón subraya la necesidad de actuar con mayor prevención, adaptación y justicia social.

La organización pide proteger de los impactos climáticos a las personas y hogares más vulnerables con acuerdos amplios para adoptar políticas de adaptación y de transición a la descarbonización dotadas de ambición y de suficientes recursos. Gravar los beneficios extraordinarios del sector fósil es un punto de partida necesario para asegurar una financiación basada en principios de responsabilidad y de justicia climática.

Oxfam Intermón subraya que, como medidas de adaptación, es urgente reforzar los sistemas de alerta y emergencia, adaptar viviendas e infraestructuras, proteger los cauces, planificar el territorio atendiendo a los riesgos climáticos, garantizar recursos suficientes para los servicios públicos y las organizaciones comunitarias y reforzar los sistemas de protección social, garantizar el acceso efectivo a derechos y fortalecer la capacidad de recuperación económica de los hogares.

“La transición ecosocial no consiste únicamente en evitar los peores escenarios” dice Sofía del Valle. “Consiste en construir una sociedad donde nadie quede atrás ante una inundación, una ola de calor o una crisis energética. Donde quienes más han contribuido a la crisis asuman una mayor responsabilidad en su solución. Donde las comunidades tengan más capacidad para decidir sobre su territorio y su futuro”.