Coincidiendo con la conferencia internacional sobre el clima COP30 en Belém -Brasil-, Oxfam Intermón publica un nuevo informe que revela cómo el cambio climático está agravando las desigualdades en España. El análisis señala que el 70% de la población española, más de 33 millones de personas, vive en municipios donde la temperatura ha aumentado ya 1,5°C desde 1960. En más de la mitad de estas localidades, las rentas por hogar se sitúan por debajo de la media nacional.
La investigación, titulada Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa, advierte que las personas con menos recursos son las más expuestas al calor extremo, la pobreza energética y los desastres climáticos. Mientras, las grandes fortunas y corporaciones continúan impulsando un modelo insostenible que agrava tanto la crisis ambiental como la social.
“El cambio climático no solo calienta el planeta, también agrava las desigualdades. Urge aplicar políticas redistributivas que protejan de los impactos a quienes menos tienen”, afirma Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón.
Profunda desigualdad en las emisiones
En este sentido, el análisis evidencia una profunda brecha en las emisiones en España según el nivel de ingresos: el 0,1% de la población con mayores ingresos emitió 55 veces el carbono generado por una persona del 50% con menores ingresos en 2022. Ese mismo año, el 1% con mayores ingresos consumió 45 veces más del presupuesto de carbono que le correspondería para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5°C.
La responsabilidad climática recae también en el ámbito empresarial: las compañías del IBEX35 son responsables del 30% de las emisiones directas en España. Su actividad contribuye tres veces más a contaminar que a generar crecimiento económico. Solo cinco de ellas -cuatro del sector energético y una del transporte aéreo- concentran buena parte de las emisiones y generan más de una cuarta parte del total nacional.
“La lucha contra el cambio climático exige una transformación equitativa que empieza con la reducción de emisiones. La transición ecológica solo será justa si quienes más emiten asumen su responsabilidad. Son necesarias acciones climáticas que combinen justicia social y ambición climática”, explica Benavides.
España, más caliente y más desigual
En España, los últimos cinco veranos han batido récords de temperatura, siendo el de 2025 el más cálido desde 1961. Las olas de calor, cada vez más intensas, han provocado cerca de 37.000 muertes entre 2015 y 2023. Solo en agosto de 2025, se registraron 2.177 fallecimientos por altas temperaturas.
La desigualdad también se refleja en la capacidad de resistir el calor. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, más de un tercio de la población no logra mantener una temperatura adecuada en verano por falta de recursos o por la ineficiencia energética de sus viviendas. El análisis alerta de que las subvenciones para rehabilitación energética son poco accesibles para los hogares con rentas bajas, perpetuando la brecha social y la pobreza energética.
Las inundaciones son otra de las principales amenazas climáticas, tal y como evidenció la DANA. Más de un millón de viviendas se encuentran en zonas de riesgo, muchas de ellas hogares con rentas inferiores a 30.000 euros anuales.
Las mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades migrantes, personas racializadas y los hogares con menores recursos son los más vulnerables al cambio climático.
“Diseñar ciudades más verdes y habitables es fundamental para afrontar el cambio climático. Pero estas transformaciones deben poner en el centro políticas de equidad. Adaptarse no puede depender del nivel de ingresos, sino de una voluntad política real y del trabajo de todos los agentes sociales”, señala la portavoz.
El poder corporativo, un freno a la acción climática
El análisis también advierte que las grandes empresas de combustibles fósiles y energéticas mantienen una influencia desproporcionada en las políticas climáticas y energéticas, actuando fuera de los cauces democráticos y en defensa de sus intereses. Sin una regulación del lobby empresarial, no puede hablarse de justicia climática.
Soluciones para una transición justa
Oxfam Intermón considera que la transición energética es una oportunidad histórica para corregir desigualdades estructurales y construir modelos más inclusivos y sostenibles. La organización pide al Gobierno que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incorporen de forma transversal un enfoque más ambicioso de justicia climática y social.
Para lograrlo, Oxfam Intermón pide:
- Redistribuir el esfuerzo en la reducción de emisiones según la huella de carbono y la capacidad económica de cada grupo social y territorio, garantizando que quienes más contaminan y más se benefician del modelo actual asuman mayor responsabilidad. También insta a invertir en adaptación y eficiencia energética, en particular en vivienda social, transporte público, energía asequible para que la lucha climática no agrave las desigualdades existentes.
- Avanzar en una reforma fiscal que grave a los superricos y los que más contaminan y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, compensando con mecanismos de protección social a los colectivos vulnerables afectados.
- Escuchar a la ciencia, garantizar la participación ciudadana real en la toma de decisiones sobre energía y clima y regular la influencia del poder corporativo en las políticas climáticas.
“La transición energética es una oportunidad para construir un país más justo y resiliente. Invertir hoy en adaptación, transición y equidad climática no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de supervivencia”, concluye Lourdes Benavides.
