El Pacto Social contra los discursos de odio considera imprescindible que la protección frente al odio se blinde con un Pacto de Estado

El Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad considera imprescindible que la protección frente a los discursos de odio se blinde con un Pacto de Estado. “Solo a través de esta herramienta se garantizará una salvaguarda estable y duradera en el tiempo más allá de posibles cambios de gobierno”, aseguran las organizaciones que componen el Pacto. Así lo declaran ante el arranque del proceso de negociación con los grupos parlamentarios para la tramitación de esta medida, que se inicia este lunes, 13 de abril.

El Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad es una alianza suscrita en 2023, liderada por la Federación Estatal LGTBI+ y formada por más de una decena de entidades que trabajan por los derechos humanos y los principales sindicatos. Las entidades que lo conforman aclaran que hablar de Pacto de Estado “no es una mera cuestión terminológica”.

“Es la única figura que posibilitará reformas estructurales y medidas de protección que trasciendan a los ciclos electorales y a los intereses individuales del momento”, alertan. Y es que un Pacto de Estado es, además, el único instrumento que permite establecer protocolos específicos, protección a las víctimas, tipos penales bien definidos, organismos competentes y recursos suficientes, además de una base jurídica para tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal.

Valoración del informe de conclusiones

La alianza de organizaciones sociales en favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad lleva impulsando esta medida para frenar el odio desde hace más de dos años. Así, tras haber tenido acceso al informe de conclusiones, las entidades reafirman que no aceptarán “un texto descafeinado, ni una propuesta frágil que pueda derogarse en el próximo ciclo electoral”.

El texto preliminar al que ha tenido acceso el Pacto Social y sobre el que se inicia este lunes la tramitación parlamentaria presenta también otras carencias, como la falta de presupuesto asignado, sin el cual, no podrían desarrollarse las medidas contempladas, o la ausencia de mecanismos para seguir y evaluar su cumplimiento. Tampoco contempla la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad de las medidas recogidas, ni acciones orientadas a la inclusión social de algunos colectivos objeto de los discursos de odio, como las personas migrantes.

No obstante, la alianza puntualiza que no realizará sus aportaciones a un texto que no persiga la aprobación de un Pacto de Estado. Y es que para las entidades “el Pacto Social ya se alcanzó al conformar esta alianza, ahora necesitamos un compromiso parlamentario firme, por lo que cualquier alternativa al Pacto de Estado sería una oportunidad perdida, ya que sería insuficiente para garantizar la seguridad de millones de personas en situación de vulnerabilidad y volvería a dejarlas expuestas al odio y sus consecuencias ante posibles cambios de gobierno”.