Entidades sociales reclaman la intervención del Defensor del Pueblo en Ceuta al detectar restricciones al derecho de asilo

Diversas organizaciones humanitarias y de derechos humanos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por las vulneraciones de derechos fundamentales detectadas en Ceuta durante los meses de septiembre y octubre de 2026 en los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno de personas extranjeras, y plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derecho de asilo, tutela judicial efectiva y principio de no devolución. También expresan su preocupación por la opacidad en relación con los retornos supuestamente voluntarios que se han sucedido en los últimos días, y la falta de transparencia respecto a las garantías del derecho a la información.

Los hechos que han podido documentar afectan, entre otras, a personas procedentes de países en conflicto o con elevadas necesidades de protección internacional, como Sudán o Chad. Como referencia señalan la denuncia realizada hace unos días sobre la devolución a Marruecos de dos grupos de 14 y 15 personas procedentes de estos países los días 23 y 24 de septiembre.

Esta queja se presenta en un contexto marcado por el desamparo institucional de miles de personas que todavía no han podido acceder a ninguna atención, entre las que se encuentran personas en situación de especial vulnerabilidad, niños y niñas, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+, que están en situación de calle, a lo que se suma la documentación de malos tratos y torturas por parte de militares a personas migrantes.

Las entidades destacan:

• Deficiencias graves en la aplicación en Ceuta del procedimiento de identificación y evaluación de necesidades (triaje) previsto en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que debe servir para registrar situaciones de vulnerabilidad y garantizar que las personas sean informadas adecuadamente de la posibilidad de solicitar protección internacional: falta de información previa clara y comprensible, registro incorrecto de la voluntad de pedir asilo, problemas de traducción e interpretación, y falta de asesoramiento jurídico y ausencia de acompañamiento por parte de las entidades sociales.
  
  
• Restricciones en el derecho al asilo y al recurso efectivo. Dificultades de acceso al procedimiento de solicitud de asilo y utilización de mecanismos de notificación de difícil acceso, como publicaciones oficiales, plazos extremadamente reducidos para presentar recursos y dificultades para acceder de forma inmediata a justicia gratuita. La combinación de estos elementos puede provocar que una devolución se ejecute antes de que una persona haya podido comprender e impugnar de forma efectiva la decisión.
  
  
• La queja también señala preocupación por la falta de información respecto a los retornos grupales supuestamente voluntarios acontecidos los últimos días (2.500 en solo una semana), al haber dudas respecto al acceso a la información y al procedimiento de asilo, y a que se haya respetado la libre decisión en el ejercicio de este derecho.

Por todo ello las entidades demandan:

• La paralización inmediata de cualquier devolución de personas que hayan manifestado su voluntad de solicitar protección internacional o respecto de las cuales existan dudas sobre si esta voluntad ha sido correctamente identificada y registrada.
  
  
• Que se garantice desde el primer momento información comprensible, interpretación efectiva, asistencia jurídica independiente y mecanismos para corregir errores y aportar documentación.
  
  
• Que ninguna persona pueda perder la posibilidad de solicitar protección internacional por no haberlo hecho durante un único momento del procedimiento.
  
  
• Que se garanticen notificaciones personales y efectivas, plazos suficientes para recurrir y acceso inmediato a asistencia jurídica gratuita, evitando que las devoluciones puedan ejecutarse antes de que exista una revisión judicial efectiva.
  
  
• Que se realice una valoración individualizada de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el caso de infancia, víctimas de trata, violencia sexual o de género, tortura y otras formas graves de violencia.
  
  
• Que se activen los traslados a recursos de acogida en la península para garantizar unas condiciones dignas y el ejercicio efectivo de los derechos.
  
  
• Que el Gobierno haga públicos los protocolos, instrucciones, órdenes y criterios que están regulando actualmente el triaje, las devoluciones y el acceso al procedimiento de protección internacional.
  
  
• Que el Defensor del Pueblo investigue estas prácticas y ejerza plenamente su función como Mecanismo independiente de seguimiento y monitoreo de los derechos fundamentales en los procedimientos fronterizos, incluyendo el seguimiento de los procedimientos de triaje, protección internacional y devolución aplicados actualmente en Ceuta.