La intención de Israel de desplazar a cerca de un millón de civiles, la mitad de los cuales viven en hambruna, es imposible e ilegal. El desplazamiento forzoso y masivo cobra un impulso aterrador mientras el ejército israelí continúa arrasando la ciudad de Gaza, edificio tras edificio.
Las órdenes de desplazamiento, comunicadas en folletos lanzados desde el cielo o publicadas en redes sociales, apuntan a la gravedad de lo que está por venir. Cada una de esas órdenes, en una escena muy repetida en Gaza, ha precedido a nuevas oleadas de destrucción y víctimas masivas.
Este es el último capítulo del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y parte de una campaña más amplia de limpieza étnica que afecta a toda la Franja de Gaza, sin excepción de nada ni nadie.
El plan de Israel de concentrar a alrededor de un millón de personas en pequeños "campamentos" ya superpoblados y mal equipados carece de fundamento, ya que solo 42,8 kilómetros cuadrados (menos del 12 % de la Franja de Gaza) están asignados a esta supuesta "zona humanitaria" para el traslado de la población.
Esto significaría que un millón de personas más tendrían que habitar en espacios con recursos limitados, ubicados en la parte sur de la Franja de Gaza, mientras que la mayor parte de la infraestructura humanitaria y de emergencia restante se encuentra actualmente en la zona central de la Franja, lo que limita aún más el acceso a la ayuda. El plan no solo es inhumano, sino también físicamente imposible. Agravaría la enfermedad y el hambre, además de constituir una flagrante violación del derecho internacional humanitario (DIH).
Estas órdenes no pueden ejecutarse de una forma que logre que Israel pueda cumplir con sus obligaciones en materia de DIH ni con los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El desplazamiento forzado masivo no es una herramienta de presión que sustituya a las negociaciones y equivale a un castigo colectivo. En virtud del DIH, deben existir garantías de apoyo para que las y los palestinos obligados a huir de la ciudad de Gaza puedan hacerlo de forma segura y regresar sin contratiempos. También es necesario garantizar la provisión de alojamiento, higiene, salud, nutrición, agua y la no separación de las familias. Sin estos apoyos, se trata de un traslado forzoso, que en las circunstancias actuales constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.
Este es el último capítulo de una política deliberada del Gobierno de Israel de utilizar la hambruna, el desplazamiento masivo forzado, la comida y el agua como armas de guerra. El desplazamiento forzado masivo no es una herramienta de presión para sustituir las negociaciones, sino un castigo colectivo.
“Las órdenes de desplazamiento en curso y el desplazamiento forzado de personas hacia zonas humanitarias—que sabemos que nunca han sido seguras— hacen que sea casi imposible entregar ayuda de manera efectiva. El asedio de Israel y las severas limitaciones impuestas a la entrada de ayuda también significan que las personas que ya se encuentran en estas zonas carecen de los servicios más básicos, incluso antes de que cientos de miles más se vean obligadas a trasladarse a la misma zona”, dice desde Gaza Ruth James, Coordinadora Regional Humanitaria de Oxfam.
Las organizaciones socias de Oxfam están bajo ataque y enfrentan una fuerte presión. El domingo, un ataque israelí cerca de la sede de la Asociación Aisha para la Protección de Mujeres, Niña y Niños en la ciudad de Gaza causó la muerte de una empleada, una mujer embarazada y un niño de 7 años, además de heridas graves a muchas otras personas. La organización desempeña un papel fundamental en la protección de mujeres, niñas y niños. Sus instalaciones son utilizadas como refugios por personas desplazadas.
Juzoor, organización socia de Oxfam, trabaja también en la ciudad de Gaza para promover la salud como un derecho humano fundamental. «Mientras el equipo de Juzoor continúa su misión humanitaria, acompañando a la población desplazada por la fuerza y compartiendo su sufrimiento y desarraigo, los próximos días inevitablemente traerán más pérdidas de vidas y un mayor deterioro de la salud y el bienestar de la población”, dice su director, el doctor Umaiyeh Khammash. “La salud mental se está desmoronando bajo el peso de un trauma persistente: las personas sufren pesadillas a diario por el miedo, la conmoción y la desesperanza, sin sensación de seguridad en ningún lugar, en una crisis que dejará profundas cicatrices, no solo en esta generación, sino en las futuras».
Muchos de quienes ya han recibido la orden de abandonar sus hogares están demasiado débiles por el hambre, no pueden afrontar los exorbitantes costes de transporte o no están dispuestos a partir hacia una zona ya superpoblada y sin garantías de seguridad. Una encuesta reciente realizada por varias agencias reveló que, si bien el 53 % de los residentes encuestados afirmó que se mudaría si recibiera una orden oficial, solo el 27 % afirmó que se mudaría de la ciudad de Gaza, mientras que otros afirmaron que se mudarían a otra zona dentro de la ciudad. El 14 % afirmó que no lo haría.
Esto indica que cientos de miles de personas quedarán atrapadas en la ciudad bajo bombardeos cada vez más intensos, con poca o ninguna ayuda disponible.
“La catástrofe humanitaria en la ciudad de Gaza se agrava cada hora. Es necesario poner fin a la violencia y las privaciones”, declara Ruth James. “Deben detenerse urgentemente todas las operaciones de desplazamiento forzado y debe suministrarse a gran escala alimentos, agua, medicamentos, equipos vitales para la reparación de infraestructuras hídricas y combustible”.
Oxfam exige un alto el fuego inmediato y permanente, así como la liberación de todas las personas rehenes y de las prisioneras detenidas ilegalmente. La violencia inimaginable y el sufrimiento que la población palestina en Gaza lleva padeciendo desde hace más de 700 días deben cesar ya. La inacción moral de los Estados es palpable. Mientras guarden silencio y sigan enviando apoyo armamentístico a Israel, serán cómplices del genocidio que continúa.
