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02/10/2026

El rechazo de los decretos de la vivienda en el Congreso condena a millones de personas a peores condiciones

Descarga declaraciones Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón

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Acampada por el derecho a la vivienda en Plaza Catalunya, Barcelona. Foto: Mireia Soler / Oxfam Intermón. 

Declaraciones de Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón, sobre la no convalidación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados:

 

“El rechazo de los dos decretos de vivienda por el Congreso es una muy mala noticia. Hoy se ha perdido una oportunidad histórica para empezar a cambiar el rumbo de la política de vivienda en nuestro país. También para dar respuesta a una crisis que se ha convertido en una emergencia social y en uno de los principales motores de desigualdad en nuestro país.

 

Resulta especialmente grave que en el Congreso se haya cerrado la puerta a estas medidas. No resolvían por sí solas un problema estructural, pero suponían un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma: anteponer el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y dar estabilidad a quienes viven de alquiler. Todas estas medidas iban a proteger al inquilinato sin perjudicar a los pequeños propietarios, para los cuales se habilitaba un fondo de compensación ante impagos, así como diferentes incentivos fiscales.

 

Esta decisión tendrá un fuerte impacto en la vida de millones de personas. Cerca de cinco millones perderán la posibilidad de beneficiarse de la prórroga extraordinaria de sus contratos hasta 2028, una bocanada de oxígeno frente a un mercado cada vez más difícil de asumir. Más de 120.000 personas en situación de vulnerabilidad seguirán expuestas al desahucio sin una alternativa habitacional. Además, se ha cerrado la puerta a dar mayor estabilidad a cerca de diez millones de personas que viven de alquiler mediante la renovación automática de los contratos. No podemos normalizar que el final de un contrato signifique volver a preguntarse si podrás seguir viviendo en tu casa.

 

Este rechazo llega, además, en un momento especialmente crítico. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes motores de desigualdad de nuestro país, con consecuencias especialmente duras para las personas más vulnerables. En el último año, una de cada tres personas que paga un alquiler sufrió ‘desahucios invisibles’: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que terminan obligando a una mudanza forzosa. En seis de cada diez casos, esa mudanza supuso abandonar también el barrio o el municipio.

 

Lo ocurrido hoy deja una preocupante brecha entre la respuesta política y el clamor social que lleva años reclamando soluciones estructurales. Estos días la presión de la ciudadanía ha llenado calles y plazas y ha conseguido colocar la vivienda en el centro del debate público. El mensaje es claro: no puede seguir siendo un privilegio. Gracias a ello, se ha llegado hasta aquí. Lo ocurrido hoy supone un freno, pero no nos va a devolver al punto de partida.

 

La falta de acuerdo de hoy no puede convertirse en una excusa para la inacción. Es urgente tomar medidas que se traduzcan en protección real y mayor estabilidad para millones de hogares. Por eso, pedimos a los representantes políticos que sigan trabajando para aprobar las medidas de corto y medio plazo que son necesarias, muchas de ellas contenidas ya en los dos reales decretos que no han sido aprobados.

 

Esa respuesta debe combinar medidas inmediatas con cambios de fondo. Hay que garantizar protección y alternativas habitacionales dignas a quienes están en riesgo de perder su hogar. También reforzar la seguridad de las personas inquilinas, con regulación de los precios y contratos más estables; frenar las prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad que favorezca el uso social de la vivienda. A ello debe sumarse una ampliación decidida del parque público y el impulso de modelos alternativos de acceso a la vivienda.

 

Garantizar una vivienda digna, asequible y estable es urgente. Tener un hogar es un derecho. Hacer las políticas necesarias para garantizarlo es una responsabilidad que nuestros representantes políticos no pueden seguir aplazando.”

Notas para la edición: 

 

Portavoces disponibles para entrevistas y declaraciones.

 

Descarga las declaraciones de Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón.

 

Investigaciones recientes de Oxfam Intermón sobre vivienda, desigualdad, juventud y precariedad:

 

La vivienda, cimiento de desigualdades
El informe analiza, entre otras cuestiones, el sobreesfuerzo de los hogares inquilinos, la pérdida de capacidad de ahorro, la inestabilidad residencial, los llamados “desahucios invisibles” y la creciente brecha patrimonial entre quienes disponen de vivienda en propiedad y quienes dependen del alquiler.
Entre sus principales datos: el 61% de las personas inquilinas no consigue ahorrar después de pagar el alquiler, el 85% destina más del 30% de sus ingresos a la renta y una de cada tres supera el 50%.
Consultar el informe

 

Habitar la incertidumbre. Vivienda, juventud y malestar estructural.

Informe elaborado por Oxfam Intermón, el Consejo de la Juventud de España y Fad Juventud que analiza cómo se cruzan la crisis de la vivienda, la precariedad económica y laboral y el bienestar emocional de las personas jóvenes.
Entre otros resultados, concluye que la incidencia de mala salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a vivienda frente a quienes dedican menos del 30%.
Consultar el informe

 

Mediabrief sobre precariedad laboral y vivienda – Próxima semana
Oxfam Intermón publicará un nuevo análisis sobre la relación entre precariedad laboral y acceso a la vivienda, que permitirá ampliar la lectura de la actual crisis habitacional desde la desigualdad económica y las condiciones de vida de los hogares.

MARÍA HERRANZ

Periodista