28 de abril de 2026.– El rechazo hoy en el Congreso de los Diputados de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler puede obligar a cerca de tres millones de personas inquilinas a dejar su vivienda al no poder asumir la subida de la renta. Según estimaciones de Oxfam Intermón, el porcentaje de población arrendataria en situación de sobreesfuerzo —aquella que destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda— podría pasar del 35% actual al 62%.
La situación es especialmente crítica para los hogares inquilinos con menores ingresos: el porcentaje personas arrendatarias que perciben en torno a 15.000 euros en sobreesfuerzo podría pasar del 67% actual al 92%.
El impacto no se limita solo a las familias más vulnerables. El encarecimiento del alquiler atraviesa a distintas capas sociales, hasta el punto de que un 43% -actualmente un 12%- de las personas arrendatarias con ingresos superiores a 58.000 euros también podría entrar en esta situación.
“El rechazo de la prórroga del alquiler es una muy mala noticia. Hoy en el Congreso no solo se decidía sobre contratos. Nuestros representantes políticos estaban votando sobre la estabilidad de millones de vidas”, señala Alejandro García-Gil, responsable de Políticas de Vivienda de Oxfam Intermón. “Cuando el acceso a la vivienda se rompe, también se rompe la posibilidad de construir un proyecto vital con dignidad. Esta medida no era la solución definitiva, pero sí un dique urgente para evitar que millones de familias se vean abocados a tener que abandonar su hogar”.
En los próximos dos años, más de 1,2 millones de contratos de alquiler firmados antes de la escalada de precios llegarán a su fin, con cerca de 630.000 vencimientos previstos en 2026 y unos 600.000 adicionales en 2027. Todo ello en un mercado de la vivienda fuertemente tensionado, donde el precio del alquiler ha aumentado un 52% desde abril de 2021 hasta marzo de este año, muy por encima del crecimiento de los ingresos de los hogares arrendatarios, que apenas ha sido del 23% en el mismo periodo.
“Sin la prórroga que limitaba las subidas al 2% durante los dos próximos años, este salto se traduce en la asfixia económica para un millón de hogares inquilinos. En términos prácticos un alquiler de 800 euros con la revisión podría superar los 1.200 euros. No es solo una cifra. Es tener que irse lejos, reducir espacio o cambiar de barrio, el colegio de tus hijos y tus hijas y romper con tus redes más cercanas”, añade García-Gil.
Oxfam Intermón advierte del aumento de los llamados “desahucios invisibles”: mudanzas forzosas por motivos económicos. Solo en el último año, una de cada tres personas inquilinas tuvieron que dejar su vivienda por no poder asumir el pago de la renta. “Estamos ante una expulsión silenciosa y masiva, que en los próximos meses puede ir todavía a más tras la votación de hoy. La vivienda no puede convertirse en un factor de exclusión”, denuncia el portavoz de la organización.
“Mal precedente”
La organización alerta de que lo ocurrido hoy en el Congreso marca un mal precedente en un momento clave, en el que España necesita avanzar con decisión en soluciones estructurales como el Plan Estatal de Vivienda recientemente aprobado.
“El rechazo a esta medida envía una señal preocupante. Afrontar la crisis de la vivienda exige voluntad y responsabilidad política real, coordinación entre administraciones y acuerdos amplios entre partidos”, reclama García-Gil. “No es momento de respuestas cortoplacistas, ni de luchas entre partidos, sino de construir soluciones estables que estén a la altura de la crisis. El plan de vivienda solo será efectivo si existe ese compromiso conjunto. Lo ocurrido hoy debilita esa base y pone en riesgo avances necesarios”.
Oxfam Intermón urge a todas las administraciones y partidos a coordinarse y actuar con rapidez y ambición para garantizar un acceso a la vivienda asequible, digno y estable. No hacerlo, advierte, profundizará la desigualdad y dejará a millones de personas sin alternativas reales.
“Garantizar el derecho a la vivienda es una decisión sobre el modelo de sociedad que queremos. Una sociedad donde quedarse no sea un privilegio, sino una garantía. Donde vivir con estabilidad no dependa del nivel de ingresos, sino de un compromiso colectivo con la dignidad y la igualdad”, concluye.
