El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria que podrá beneficiar a más de 500.000 personas que ya viven en España. Esta medida es un paso decisivo hacia el reconocimiento de derechos para que más de 500.000 personas, nuestros vecinos y vecinas, que ya viven aquí, puedan regularizar su situación administrativa y acceder a todos sus derechos.
Vivir en una situación de irregularidad administrativa significa vivir con miedo, invisibles, al margen de las instituciones, estar expuestos a todo tipo de explotación, desprotección legal o la exclusión de facto de derechos y servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Esta regularización es, por tanto, una de las políticas más efectivas de lucha contra las desigualdades que puede implementar un gobierno.
España es un país en el que la migración ha sido determinante en nuestro pasado y sigue siéndolo en la construcción de nuestro presente y futuro. La medida aprobada reconoce la realidad social y humana de nuestro país. A través de ella se podrán regularizar aquellas personas que puedan demostrar vínculos por medio del trabajo, los lazos familiares o situaciones de vulnerabilidad, con el único requisito de acreditar una permanencia de cinco meses y no tener antecedentes penales. Corrige además algunos de los retrocesos que suponía la anterior modificación del reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, e impactó directamente en las personas solicitantes de asilo, que, si veían su solicitud denegada, perdían la antigüedad a la hora de intentar regularizar su situación por arraigo, lo que les abocaba a caer en una situación administrativa irregular sobrevenida.
Además, incluye garantías clave como la autorización provisional para trabajar desde el primer momento, la paralización de los expedientes de expulsión y la flexibilización de los requisitos de documentación, especialmente para los certificados de antecedentes penales, así como los mecanismos flexibles para poder demostrar esa permanencia.
Al sacar a cientos de miles de personas de la invisibilidad, se fortalece la cohesión social y la capacidad de nuestro país para afrontar los desafíos presentes y futuros. Es una victoria para toda la sociedad en su conjunto.
Ahora toca estar atentas y exigir que su implementación sea con todos los medios necesarios. Desde Oxfam Intermón vamos a seguir trabajando para que el Gobierno:
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Refuerce urgentemente los medios personales y técnicos de las Oficinas de Extranjería y los registros.
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Habilite todos los canales posibles (electrónicos, presenciales, en los diferentes organismos públicos) para que la presentación de solicitudes sea ágil y accesible.
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Lance una campaña pública de información clara y multilingüe para llegar a todas las personas potencialmente beneficiarias. No puede haber derechos en el papel si no hay instrumentos eficaces para hacerlos valer.
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Luchando contra los bulos y discursos del odio que esta medida ha suscitado entre los grupos antimigración.
