Oxfam Intermón valora positivamente el decreto sobre la función social de la vivienda y pide a los grupos políticos que lo respalden en el Congreso

Declaraciones de Alejandro García-Gil, responsable de Vivienda de Oxfam Intermón, sobre el Real Decreto-ley 26/2026, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el BOE: 

“El real decreto aprobado es un primer paso para cambiar el paradigma de la vivienda en España, pues pone sobre la mesa algo fundamental: la vivienda tiene una función social y debe protegerse frente a la especulación.

Estas medidas van a aliviar la situación habitacional de miles de hogares, especialmente reforzando la protección de la población inquilina. No obstante, son solo un primer paso: por sí solas no resolverán la emergencia habitacional, solo la aliviarán. Hace falta seguir avanzando con soluciones estructurales.

El decreto incorpora medidas que van en la dirección correcta y que pueden ofrecer estabilidad a miles de familias. Entre ellas, la prórroga de determinados contratos de alquiler hasta 2028, los límites a las subidas de las rentas en un contexto de inflación y la paralización de desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

A ello se suman medidas fiscales, que ayudan tanto al pequeño propietario como a las personas inquilinas, y que, en paralelo, favorecen la puesta de las viviendas en el mercado del alquiler residencial de larga duración y no al ámbito turístico y/o especulativo. También un mayor blindaje de la vivienda protegida y salvaguardar el parque público de vivienda.

Sin embargo, alguna de las medidas de mayor impacto van a tener una vigencia temporal, lo cual es insuficiente para afrontar un problema que es estructural. Las restricciones a determinadas compras especulativas solo estarán en vigor hasta finales de 2028 y parte de la protección frente a los desahucios se extiende solo hasta 2030, así como la prórroga extraordinaria de los contratos también tiene una duración limitada hasta 2028.

Otro aspecto fundamental que no acomete el real decreto es que se reforma la figura de gran tenedor: no se rebaja a 5 viviendas el umbral para ser considerado como gran tenedor, ya que sigue fijado en más de diez inmuebles residenciales, por lo que el fondo de apoyo a pequeños propietarios ante desahucios podrá ser usado por propietarios con hasta 9 viviendas, lo que no es proteger a los más vulnerables.

Para seguir avanzando hay algo que nos podemos olvidar: esto no habría llegado hasta aquí sin la presión de la ciudadanía. Estos días miles de personas han vuelto a llenar calles y plazas para decir que la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Cuando una preocupación que demasiadas familias viven en soledad se convierte en una preocupación compartida, las cosas empiezan a cambiar.

Es un momento clave que debe tener una respuesta institucional a la altura de una crisis que afecta ya a millones de personas. Por eso, pedimos a todos los grupos políticos que escuchen a la ciudadanía y respalden la votación del real decreto el próximo viernes en el Congreso de los Diputados para que puedan traducirse en protección real para miles de familias en nuestro país.

Porque la crisis de la vivienda es ya una emergencia social y uno de los grandes motores de desigualdad en España. El 61 % de las personas inquilinas no consigue ahorrar después de pagar el alquiler y una de cada tres dedica más de la mitad de sus ingresos a la renta.

Mientras debatimos las soluciones, los desahucios siguen ocurriendo. Solo en la primera mitad de 2026, unas 7.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas. Son cerca de 1.200 cada mes. Detrás de cada cifra hay personas que pierden su hogar y la seguridad desde la que construir su vida. No podemos seguir esperando al siguiente desahucio para reaccionar. La urgencia exige actuar ahora y sostener ese compromiso hasta que el derecho a la vivienda esté garantizado”.