Estudio
Desigualdad(es)
Este documento ha sido coordinado por Alejandro García-Gil con la participación de Raquel Checa, Ernesto García, Franc Cortada, Beatriz Novales, Cristina Sirur y la contribución de Ignasi Marti, Gonzalo Caro, Andrea Jarabo y Javier Gil. También gracias a Belén Barreiro, Sonia Townson, Carlos Domínguez y Raquel Ramos de la agencia 40dB, que son quienes han desarrollado la investigación empírica (encuesta y grupos focales).
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La crisis de la vivienda en España se ha consolidado como uno de los principales motores de desigualdad, resultado de una década de fuerte aumento de precios que afecta ya a cerca de la mitad de la población y limita el acceso a derechos básicos, ya que el coste del alquiler y la compra absorbe los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y sitúa especialmente a las personas inquilinas —jóvenes, migrantes y hogares vulnerables— en una “trampa del alquiler” que perpetúa la precariedad y dificulta el acceso a la propiedad. Esta situación genera inestabilidad residencial, renuncias vitales y un aumento de la desigualdad patrimonial entre quienes tienen vivienda y quienes no, en un contexto marcado por la financiarización del mercado, la escasez de vivienda asequible y la insuficiente respuesta pública, lo que exige medidas estructurales que prioricen la vivienda como derecho —mediante la protección y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados, la protección de las personas inquilinas, el control de la especulación y la ampliación del parque público— para garantizar un acceso digno y equitativo.
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