El desahucio de Maricarmen es una vulneración de derechos humanos resultado del fracaso de las instituciones del estado español

Hoy se ha producido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas y que siempre, siempre, ha pagado su alquiler. Esta expulsión es el resultado de un sistema que antepone los intereses especulativos de un fondo buitre al derecho de Maricarmen de continuar en su casa de toda la vida.

Este desahucio es ilegal, tal y como lo ha considerado la ONU, al tratarse de una persona con discapacidad y sin recursos para costearse una alternativa habitacional en este contexto de precios de alquiler desbocados.

Que hoy Maricarmen haya sido desalojada es el resultado del fracaso de las instituciones del estado español:

- Es responsabilidad de PP, Vox y Junts por haber tumbado el pasado mes de enero el Real Decreto que habría impedido el desahucio de miles de personas vulnerables como Maricarmen.
- Es, también, responsabilidad del gobierno central, que lleva meses retrasando la aprobación de un nuevo Real Decreto que proteja a nuestros vecinos y vecinas de la especulación de los fondos de inversión.
- Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que han dado la espalda a Maricarmen y no han planteado alternativas residenciales para que hoy ella no se quedara desamparada y en la calle.
- Por último, es responsabilidad de la Justicia y el Ministerio del Interior al no haber dado cumplimiento a las medidas cautelares de Naciones Unidas de suspensión del lanzamiento y desplegado un dispositivo policial completamente desproporcionado, ejerciendo con violencia ante quienes protegían a Maricarmen e impidiendo a los medios de comunicación ejercer su derecho a la libertad de prensa.

Es urgente que se tomen medidas valientes de forma inmediata. Desde la caída de la moratoria antidesahucios en enero no hay ninguna medida que proteja a las familias vulnerables y se calcula que entre este año y el próximo vencerán más de un millón y medio de contratos de alquiler.

Desde hace meses el gobierno de España tiene paralizado un decreto que podría volver a levantar el escudo social con nuevas moratorias de desahucios y las prórrogas obligatorias del alquiler. El caso de Maricarmen no es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España ante el que las instituciones, a parte de lamentar lo sucedido ante la prensa, tienen que actuar.

Organizaciones adheridas: 

-Amnistía Internacional 

-Centro de Asesoría y Estudios Sociales -CAES- 

-Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales -CEAV-

-Confederación Sindicato de Inquilinas 

-Federación de Consumidores y Usuarios -CECU-

-Observatorio DESCA 

-Oxfam Intermón 

-Plataforma de los Afectados por la Hipoteca -PAH-

-UGT