El desahucio de Maricarmen no debería haberse producido. Es fruto de un fracaso institucional compartido: el Congreso rechazó en enero la prórroga del decreto antidesahucios, que le habría permitido a Maricarmen solicitar la suspensión del lanzamiento, mientras que las administraciones competentes no le garantizaron una alternativa habitacional.
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24/09/2026

Oxfam Intermón reclama una respuesta coordinada y urgente de todas las administraciones y de los grupos políticos tras el desahucio de Maricarmen

Oxfam InuruID 398937 España 2026-05-24
Foto: Deyaneira Ortega/Oxfam Intermón 

 

Declaraciones de Alejandro García-Gil, responsable de Vivienda de Oxfam Intermón, sobre el desahucio de Maricarmen y la crisis de la vivienda en España:

 

“El desahucio de Maricarmen no es caso un aislado. Retrata el sufrimiento que la crisis de la vivienda causa a miles de hogares en España: 7.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas solo en la primera mitad de 2026. No podemos aceptar que los intereses especulativos de los fondos buitre se antepongan al derecho de las personas a conservar su hogar.

 

El desahucio de Maricarmen no debería haberse producido. Es fruto de un fracaso institucional compartido: el Congreso rechazó en enero la prórroga del decreto antidesahucios, que le habría permitido a Maricarmen solicitar la suspensión del lanzamiento, mientras que las administraciones competentes no le garantizaron una alternativa habitacional.

 

Por ello, reclamamos al Gobierno que apruebe de inmediato un real decreto que impida desahuciar a personas vulnerables sin garantizarles antes una alternativa habitacional, así como la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. Pedimos también a todos los grupos parlamentarios que aprueben estas medidas en el Congreso de los Diputados para que salgan adelante y se traduzcan en soluciones concretas frente a la crisis de la vivienda.

 

Pero la responsabilidad no recae solo en el Gobierno central. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también tienen competencias e instrumentos para atajar la crisis de la vivienda y garantizar alternativas habitacionales y evitar desahucios como el de Maricarmen.

 

Esta protección debe ir acompañada de medidas de mayor alcance: aplicar los límites al alquiler en zonas tensionadas previstos en la Ley de Vivienda, impulsar una fiscalidad que favorezca el uso social de la vivienda, ampliar el parque público y promover alternativas como el cooperativismo.

 

La crisis de la vivienda en España es ya una emergencia social. No podemos seguir esperando mientras miles de personas viven con el miedo a perder su hogar. Es hora de tomar decisiones políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por delante de la especulación.”

 

Notas para la edición:

-Portavoces disponibles para entrevistas.

-Descarga informe "La vivienda: cimientos de desigualdades".

-Descarga informe "Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural”.

-Más información aquí


 

MARÍA HERRANZ

Periodista