El rechazo de los contratos de alquiler indefinidos podría empujar a cerca de 1 millón de personas inquilinas más a sobreesfuerzo económico, hasta superar los 3,3 millones

El rechazo hoy en la Diputación Permanente del Congreso del real decreto que contemplaba reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler mediante su renovación automática podría empujar hasta cerca de 1 millón de personas inquilinas más a una situación de sobreesfuerzo económico -destinar más del 30% de los ingresos a la vivienda- en 2029, según las estimaciones de Oxfam Intermón.

Así, si al concluir la prórroga extraordinaria de los alquileres a finales de 2028, aprobada hoy en el real decreto para la protección de la función social de la vivienda, los contratos tuvieran que renovarse a precios de mercado, el número de personas inquilinas en situación de sobreesfuerzo económico podría pasar de los 2,3 millones registrados en 2025 a más de 3,3 millones en 2029. El porcentaje de la población que paga una renta a precio de mercado aumentaría del 27,7 al 39,3%.

“La votación de hoy demuestra que la vivienda no puede seguir abordándose con una sucesión de medidas de emergencia. Valoramos que haya salido adelante un decreto que refuerza la función social de la vivienda, pero el rechazo a las renovaciones automáticas deja sin resolver una cuestión fundamental: la incertidumbre de millones de hogares sobre si podrán seguir en su casa cuando venza el contrato. Lo aprobado da un respiro, pero no garantiza estabilidad a largo plazo”, señala Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón.

Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, las más afectadas

La magnitud de las posibles subidas en el precio del alquiler refleja la presión que podría ejercer sobre las economías familiares. Una persona que firmó su contrato en 2022 y tuviera que renovarlo hoy a precio de mercado afrontaría un incremento del alquiler del 31%. Si tuviera que hacerlo en enero de 2029, el ascenso podría alcanzar el 48%, según las proyecciones de Oxfam Intermón.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con cerca de 1,2 millones de personas potencialmente afectadas, la Comunidad de Madrid, con algo más de un millón, y la Comunidad Valenciana, con cerca de 600.000, serían los territorios con mayor población inquilina expuesta a una renovación en condiciones de mercado una vez finalizada la prórroga.

“No podemos normalizar que el vencimiento de un contrato coloque a tantas familias ante la disyuntiva de asumir una subida que no pueden pagar o abandonar su vivienda. Detrás de estas cifras hay personas que pueden verse obligadas a dejar su barrio, alejarse de sus redes de apoyo o renunciar a otros gastos esenciales para mantener un techo. La vivienda se ha convertido hoy en unos de los principales motores de desigualdad”, añade García-Gil.

Un primer paso para proteger a millones de personas

Frente a las consecuencias del decreto rechazado, la aprobación del primer real decreto para la protección de la función social de la vivienda permitirá implementar importantes medidas para millones de hogares. Según los cálculos de Oxfam Intermón, cerca de 1,9 millones de contratos de alquiler, que afectan a unos cinco millones de personas, podrían beneficiarse de la prórroga extraordinaria. Además, más de 120.000 personas podrán seguir amparadas por mecanismos legales frente a los desahucios.

“La aprobación de este decreto es una buena noticia y un paso importante para reconocer que la vivienda tiene una función social y debe protegerse frente a la especulación. Estas medidas dan oxígeno a millones de personas y pueden evitar que muchas familias pierdan su hogar sin tener una alternativa donde vivir. Todas estas medidas protegen al inquilinato sin perjudicar a los pequeños propietarios, para los cuales se habilitaban mecanismos de compensación ante impagos, así como diferentes incentivos fiscales. Pero no podemos conformarnos con soluciones temporales ante una crisis que es estructural”, afirma el portavoz de Oxfam Intermón.

Algunas de las disposiciones aprobadas tienen una vigencia limitada. Las restricciones a determinadas compras especulativas se extenderán hasta finales de 2030, mientras que parte de la protección frente a los desahucios llegará hasta ese mismo año. La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler también es temporal, por lo que la estabilidad a largo plazo de las personas inquilinas sigue pendiente de una solución estructural.

La vivienda, una prioridad para la próxima legislatura

Oxfam Intermón reclama a las formaciones políticas y a todas las administraciones públicas que, de cara a la próxima legislatura, den continuidad a las medidas urgentes mediante reformas de fondo y de largo plazo, ,que reduzcan el peso del alquiler sobre los ingresos de los hogares y permitan una mayor estabilidad residencial.

La organización propone garantizar alquileres estables para las personas inquilinas y las pequeñas propietarias mediante un sistema de renovaciones automáticas de los contratos, así como impulsar una oferta habitacional que incluyan tanto la movilización de viviendas existentes como la ampliación del parque público y social, sobre todo desde una perspectiva de asequibilidad.

Además, reclama poner en marcha medidas que refuercen el compromiso con los hogares más vulnerables mediante la adopción de acciones que limiten la especulación inmobiliaria.

“Las medidas aprobadas permiten ganar tiempo, pero una crisis estructural no se resuelve encadenando soluciones excepcionales. Los partidos deben escuchar el clamor social que se ha materializado ayer con la huelga general y con el desarrollo de las manifestaciones masivas en buena parte de nuestra geografía y convertirlo en garantías duraderas. La vivienda no puede seguir siendo un factor que agrave la desigualdad: disponer de un hogar estable y asequible es la base para trabajar, cuidar y construir una vida digna”, concluye García-Gil.