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FAQS

12/07/2016

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón vuelven a exigir una reforma de la Constitución para blindar los derechos humanos

  • Oportunidad para los partidos políticos de incorporar este compromiso en las reuniones y negociaciones que van a mantener para formar un nuevo Gobierno
  • Proponemos acabar con los derechos de “primera” y de “segunda” y no utilizar la crisis económica y las políticas de austeridad como excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas y sus derechos
(c) Patricia Andersen / Oxfam Intermón

Los directores de Oxfam Intermón (José María Vera), Amnistía Internacional (Esteban Beltrán) y Greenpeace (Mario Rodríguez).

(c) Patricia Andersen / Oxfam Intermón

Los directores de Amnistía Internacional (Esteban Beltrán), Greenpeace (Mario Rodríguez) y Oxfam Intermón (José María Vera) se han dirigido por carta a los principales partidos políticos con representación parlamentaria para recordarles que deben blindar los derechos humanos en la Constitución española.

Las organizaciones lanzaron hace justo un año la campaña “Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53” para impulsar unareforma constitucional que mejorara las garantías de protección de los derechos humanos y que incluyera otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna. Ahora, con la nueva ronda de negociaciones que se ha iniciado entre los principales partidos políticos para formar Gobierno, vuelven a pedir que se aborde esta reforma, que de diferentes maneras varios de los partidos han estado de acuerdo en emprender en esta legislatura.

Las organizaciones han denunciado reiteradamente que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.

Bajo la Constitución vigente, España es el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad, con 760.000 personas sin ingresos y uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 660.856 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1. Por otra parte, el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, las organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales) y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.

“La Constitución no ha actuado como escudo protector ante algunas violaciones de los derechos humanos y eso debe cambiar. Todos los derechos humanos son iguales y deben tener las mismas garantías de protección“, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Las organizaciones resaltan que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos, precisamente cuando la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca.

Además, exigen que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, así como garantizar el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.

Otro aspecto básico es reforzar la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales. Esto provoca una persistente dificultad para asegurar su cumplimiento, lo que tiene como consecuencia un grave daño al interés general de la preservación del ecosistema, al derecho a la protección de la salud de todas las personas y a los derechos de las generaciones futuras.

“Los incumplimientos de la normativa ambiental son constantes en nuestro país. Por ello, el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho fundamental a un medio ambiente saludable y adecuado es imprescindible para otorgar al medio ambiente la importancia que merece”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

Nuevos derechos para responder a nuevos retos

“La creciente desigualdad en España y en la mayoría de países es uno de los nuevos retos del planeta. Por ello nuestra Constitución debe garantizar a las personas más vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente, incorporando el derecho a una renta básica. También garantizar una política pública de cooperación para el desarrollo fuerte, ya que con un recorte del 70% durante la crisis, esta se encuentra al borde del desmantelamiento y lejos no ya del objetivo internacional del 0,7% del PIB, sino de la media europea”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón.

Para lograr estos objetivos, es necesario un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos.

Por tanto, y conforme al Derecho Internacional, las tres organizaciones, cada una en su ámbito de trabajo y especialización, vuelven a pedir una reforma de 24 disposiciones de la Constitución que:

  • Proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.

  • Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.

  • Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.

  • Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

  • Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.

  • Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo, y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.