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FAQS

01/02/2017

Carta al presidente del Gobierno

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón recuerdan al Gobierno que se debe abordar una reforma constitucional en la nueva legislatura

Las organizaciones exigen al nuevo Ejecutivo una reforma de 24 disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos      

 

Es necesaria una reforma constitucional que permita que algunos derechos queden blindados en la Carta Magna
  • Las organizaciones exigen al nuevo Ejecutivo una reforma de 24 disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos     
  • Es necesario acabar con la distinción entre derechos de “primera” y otros de “segunda”, como vivienda o medio ambiente, y no utilizar la crisis económica y las políticas de austeridad como excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas y sus derechos

Con el Ejecutivo ya formado los directores de Amnistía Internacional (Esteban Beltrán), Greenpeace (Mario Rodríguez) y Oxfam Intermón (José María Vera) se han dirigido de nuevo por carta al presidente del Gobierno para recordarle que es necesaria una reforma constitucional que permita que algunos derechos queden blindados en la Carta Magna. Las organizaciones continúan así con la campaña que lanzaron en julio de 2015, “Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53”, en la que exigen que se impulse una reforma constitucional para blindar algunos derechos, especialmente aquellos que no están suficientemente protegidos en la Constitución. Exigen, entre otras medidas, que se mejore la protección de algunos como vivienda y salud, y se incorporen otros, como la renta básica o la cooperación, además de potenciar un desarrollo del derecho a un medio ambiente saludable. También, las organizaciones firmantes consideran que se debe adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad, mejorar las garantías durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana y el derecho de reunión pacífica, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo.

Para ello, las ONG piden una vez más que se revise el artículo 53 de la Constitución, donde se establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.

“Es necesario que, ante esta nueva legislatura que tenemos por delante, se dé prioridad a esta reforma constitucional para que se protejan por igual todos los derechos humanos, sin clases ni jerarquías, de manera que incorpore y se alinee con las normas y tratados internacionales suscritos por España“, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Además, las organizaciones exigen que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, y que garantice el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.

Otro aspecto básico es reforzar la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales. Esto provoca una persistente dificultad para asegurar su cumplimiento, lo que tiene como consecuencia un grave daño al interés general de la preservación del ecosistema, al derecho a la protección de la salud de todas las personas y a los derechos de las generaciones futuras.

“Es imprescindible dar al medio ambiente la importancia que tiene. Y para ello es necesario que se reconozca expresamente como derecho fundamental”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

La renta básica, un derecho

Las organizaciones consideran que se debe incorporar en la Constitución el derecho a una renta básica: “Si no se garantiza a las personas vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente no conseguiremos acabar con la creciente desigualdad que existe en España”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón.

Para lograrlo, es necesario un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos.

En definitiva, las organizaciones vuelven a pedir una reforma de 24 disposiciones de la Constitución que:

  • Proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.
  • Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.
  • Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
  • Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
  • Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.
  • Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo, y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.