03.12.2012
La instalación de un proyecto hidroeléctrico por una empresa española en Guatemala sin suficiente información y consulta a la población ha desencadenado un enfrentamiento que culminó con el asesinato de un vecino, la imposición del estado de sitio y la detención ilícita de más de diez personas, de las cuales nueve continúan en prisión. Tanto el Gobierno de Guatemala como el español deben asumir su responsabilidad en la resolución del conflicto, asegurando el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones acerca de inversiones privadas que la afectan directamente y respetando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”.
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